El Gobierno de Entre Ríos evaluará la conveniencia de utilizar el nuevo Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió a los alcances del nuevo Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, publicado bajo el decreto 969/2024, que busca extinguir las obligaciones entre el Estado nacional y las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Rodríguez Signes aclaró que esta disposición no es “obligatoria”, lo que significa que “se evaluará si se puede utilizar el régimen para alguna situación especial, independientemente del estado en que esté el reclamo”. El funcionario caracterizó al decreto como “un régimen voluntario y ordenado”, destacando que las provincias “son libres de adherir o no”. En su opinión, “esta normativa es una herramienta más, un procedimiento que suma para evaluar los reclamos de provincias a Nación”, y lo consideró más permisivo que otros regímenes anteriores de consolidación de deuda.
En este marco, afirmó que Entre Ríos no está en mora con respecto a Nación, sino que, al contrario, “la provincia solamente tiene deudas de los fondos fiduciarios, pero están todas en situación regular”, resaltando que “la provincia viene cumpliendo, porque se le descuenta del régimen de coparticipación”.
El fiscal mencionó algunos de los reclamos más importantes que lleva adelante la Fiscalía de Estado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), entre ellos, el referido a la Caja de Jubilaciones. Explicó que “Nación tiene por obligación, fijada en un Pacto Fiscal del 2017, que debe atender el déficit tradicional de la provincia”, lo cual no está cumpliendo, considerándolo una violación de los pactos fiscales. Así, la Fiscalía de Estado recibió instrucciones del gobernador para demandar ante la CSJN ese derecho.
Además, Rodríguez Signes destacó otros reclamos, como los excedentes de Salto Grande y las situaciones conflictivas relacionadas con obras públicas contratadas por la provincia con recursos nacionales, donde “la Nación postergó el envío de esos recursos”, colocando a Entre Ríos en una situación de debilidad frente a los contratistas, lo que también se está reclamando ante Vialidad Nacional y el Ministerio de Infraestructura de la Nación.