El Gobierno busca recomponer la relación con la Iglesia para frenar la sangría de votos
Preocupado por los números a la baja que reflejan las encuestas y confirman, indirectamente, las elecciones provinciales, el Gobierno admite una pérdida de votos identificados con varias corporaciones, entre ellas la Iglesia, y por eso se lanzó en una campaña destinada a recuperar a los votantes desencantados, que podrían ser decisivos para torcer la balanza en la primera vuelta y un hipotético ballottage.
El encargado, esta vez, de tender los puentes fue el ministro más político del gabinete de Mauricio Macri. El titular de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, solicitó a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ser recibido en audiencia, gracias a la mediación del secretario de Culto, Alfredo Abriani.
Frigerio fue recibido en la sede que el episcopado tiene en el barrio porteño de Retiro por el obispo de San Isidro y presidente del cuerpo colegiado, Oscar Ojea; el cardenal arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero, Mario Poli; y y el titular de la diócesis de Chascomús, Carlos Malfa, que oficia de secretario general.
Según dejaron entrever oficialmente, el encuentro sirvió para continuar “conversaciones para la búsqueda de consensos básicos más allá de la coyuntura y de la campaña electoral”. La conducción de la Iglesia que, a nivel global, encabeza el Papa Francisco, ya había manifestado su rechazo a una agenda cerrada con “diez puntos”, como lanzó la Casa Rosada un mes atrás.
Frigerio transmitió a la cúpula eclesial la voluntad de alcanzar compromisos sostenibles en el tiempo con sectores de la sociedad civil, en tanto ambas partes reconocieron “la complejidad de la situación socioeconómica”.
No obstante lo dicho, el Gobierno encendió luces rojas tras comprobar que la imagen del presidente Macri está herida en vastos sectores del clero y el laicado católico, que pese a no involucrarse en política partidaria, son referentes en sus comunidades y pueden influir en la toma de decisión sobre el voto de su feligresía.
El punto más evidente del desencuentro del Gobierno y la Iglesia es el debate por la legalización del aborto, más aún luego de filtrarse que el Gobierno pretende que haya “paridad” de candidatos a favor y en contra de la práctica -“verdes” y “celestes”, por los pañuelos que los identifican.
Menos notoria, pero igual de efectiva en términos de apoyo o rechazo, es la queja de las comunidades eclesiales de base por la crisis económica. Semanas atrás, cuando los gremios más combativos efectuaron un paro contra las políticas del macrismo, la Iglesia decidió no pasar desapercibida y marcó su preocupación por la situación general del país y el creciente desempleo. Los voceros fueron los curas villeros, con apoyo episcopal.
Con este escenario, el jefe de gabinete, Marcos Peña, ordenó un “operativo seducción” de los votantes confesionales desencantados, para convencerles de que continúen apoyando al Gobierno y eviten el regreso del kirchnerismo, o bien se alejen de las propuestas electorales monotemáticas -antiaborto- o de centroderecha, que en los tests provinciales debilitaron el apoyo al Gobierno.
El caso más representativo es el de la mediática Amalia Granata, que encabezando el frente “Somos Vida” y una plataforma provida y antiaborto, fue la tercera diputada más votada. Para el Gobierno, sus votos se fugaron de la boleta que llevaba a gobernador a José Corral.