La Casa Rosada se prepara para enviar al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, la norma sancionada en 2021 que obliga a las empresas a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
En medio de las internas que atraviesan al Gobierno, la iniciativa se inscribe en la denominada “batalla cultural” libertaria, que busca desregular y “sacar al Estado del medio” en distintos frentes.
Presiones de la industria y agenda de desregulación
En ese marco, fuentes del oficialismo confirmaron que “la Casa Rosada va a enviar un proyecto para derogar la ley de Etiquetado Frontal”, una norma que desde su origen fue fuertemente resistida por la industria alimenticia.
En la Casa Rosada reconocen que el impulso de la derogación responde, en buena medida, a las presiones del sector alimenticio, que siempre se mostró en contra de los sellos de advertencia y de las restricciones publicitarias asociadas.
La ofensiva llega luego de que La Libertad Avanza celebrara la media sanción de la llamada ley “Hojarasca”, que deroga más de 60 normas consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución por el oficialismo, y que es presentada como un hito dentro de esa “batalla cultural”.
Qué establece hoy la Ley de Etiquetado Frontal
A grandes rasgos, la Ley de Etiquetado Frontal dispuso que los alimentos envasados y las bebidas analcohólicas exhiban en su cara principal sellos negros con forma de octógono, que alertan sobre el exceso de nutrientes críticos o calorías, en base a perfiles nutricionales específicos.
Esos sellos deben advertir sobre exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, con el objetivo de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.
Al mismo tiempo, la norma obliga a que los envases incluyan etiquetas rectangulares cuando los productos contengan cafeína o edulcorantes, con la recomendación explícita de que no sean consumidos por niños.
También, con foco en las infancias, la ley prohíbe que los alimentos que tengan al menos uno de los sellos negros incluyan personajes infantiles, figuras animadas o promesas de regalos en sus envases, para evitar estrategias de marketing dirigidas a menores.
Las quejas empresarias y la falta de un criterio regional
Más allá del impacto del octógono y de las restricciones publicitarias, las empresas que producen para varios países de la región plantean un problema adicional: la falta de uniformidad en los sistemas de etiquetado.
Por caso, en Uruguay también se utilizan octógonos, pero con criterios distintos a los argentinos; en Chile rige un esquema tipo “semáforo”; y en Brasil, si bien coinciden los sellos, los parámetros para su incorporación son diferentes.
En otras palabras, las alimenticias deben diseñar un packaging distinto para cada país, lo que implica mayores costos y complejidades logísticas para las firmas que operan en varios mercados.
Una alternativa sería que los países de la región avancen hacia la homologación de un sistema común de etiquetado. Sin embargo, hasta el momento no hay señales concretas en ese sentido y, según admiten en el oficialismo, no está en los planes del gobierno libertario impulsar una coordinación regional.
El proyecto que viene y los antecedentes en el Congreso
Aunque el texto todavía no fue presentado formalmente, en el oficialismo aseguran que el proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal desembarcará “pronto” en el Congreso.
Un dato a tener en cuenta es que el exdiputado del PRO, hoy referenciado con el espacio libertario, Alejandro Bongiovanni, y la diputada del PRO Daiana Fernández Molero ya habían presentado tiempo atrás una iniciativa para derogar la ley de envases, en línea con la agenda de desregulación.
Vale recordar que, cuando la Ley de Etiquetado Frontal se aprobó en el Congreso en 2021, la bancada del PRO se mostró dividida: algunos legisladores votaron en contra y otros optaron por la abstención, reflejando las tensiones internas que hoy vuelven a escena ante el intento de derogación.
