El Gobierno aseguró que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados no es viable ya que “vulnera el déficit cero”

La Libertad Avanza obtuvo este martes la media sanción del Presupuesto 2026 en el marco de las sesiones extraordinarias, aunque el resultado dejó un sabor amargo para el oficialismo. En la votación realizada durante la madrugada en la Cámara de Diputados, se aprobaron todos los apartados del proyecto excepto el Capítulo XI, el núcleo central de la iniciativa, que incluía la derogación de leyes que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de ahorro fiscal, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

En la Casa Rosada admiten que el texto que debería enviarse al Senado no resulta viable para una sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, reconoció una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo en declaraciones a Infobae. Desde el Gobierno sostienen que, al eliminarse el Capítulo XI, se fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, una hipótesis que consideran inaceptable.

Para la administración nacional, la discusión excede lo técnico o reglamentario y se inscribe en una disputa política y económica de fondo: déficit versus superávit, continuidad del pasado frente a un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En la mirada libertaria, las leyes que permanecen vigentes imponen obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal y consolidan un presupuesto que no responde al mandato electoral del Gobierno.

Ante este escenario, el oficialismo debe ahora definir la estrategia legislativa a seguir en las próximas semanas. En algunos despachos del Ejecutivo evalúan demorar el envío del Presupuesto al Senado y priorizar el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral. Otra opción sería reformular el texto para reincorporar el Capítulo XI y devolverlo a Diputados, aunque el Gobierno no cuenta hoy con los votos para insistir con su versión original.

Una alternativa que gana fuerza es vetar el propio Presupuesto, dado que los bloques opositores tienen incentivos para que el proyecto avance tal como fue aprobado. “Solo Discapacidad son cinco puntos del PBI”, repiten en el Ejecutivo. Según adelantó Infobae, pese a fallos judiciales, el Gobierno no está ejecutando los fondos de esa ley —ni los del Financiamiento Universitario— al argumentar que no cuentan con partidas presupuestarias asignadas. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten.

En ese contexto, sectores del oficialismo coinciden en que sería preferible que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, continúe en 2026 con un manejo discrecional de los fondos. “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizaban en la madrugada posterior a la sesión.

La gestión de Javier Milei ya se convirtió en la primera en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional: durante 2024 y 2025 rigió el texto elaborado para 2023, lo que facilitó el recorte fiscal en distintas áreas del Estado. Sin embargo, la aprobación parcial del Presupuesto 2026 reabre la incertidumbre sobre el esquema financiero del próximo año.

En la votación en general, el proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, marcando la primera media sanción presupuestaria del oficialismo y el debut de la nueva composición de Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con 95 bancas propias y se consolida como primera minoría.

Horas antes de la sesión especial, tanto en la Casa Rosada como entre los negociadores libertarios había optimismo respecto del resultado, salvo por el artículo 75, que derogaba las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario. Para sortear ese escollo, LLA impulsó que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, con la expectativa de arrastrar apoyos al Capítulo XI. La estrategia fracasó: el apartado fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.

Varios gobernadores de la oposición dialoguista ya habían anticipado que instruirían a sus diputados a votar en contra. Entre ellos, el Gobierno señala a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), pese a haber recibido importantes Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A último momento se sumaron los cambios de postura de Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes), lo que sorprendió incluso a los negociadores oficiales.

También generó malestar en el oficialismo la abstención del entrerriano Darío Schneider, electo por LLA en alianza con Rogelio Frigerio, mientras que los otros dos diputados de su provincia acompañaron al Gobierno. Hubo además críticas a la conducción del bloque de la UCR, presidido por Pamela Verasay, por no lograr retener los votos internos.

En las dos semanas previas a la sesión, la Nación concentró el 33% de las transferencias de ATN en seis provincias: Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Aun así, la estrategia no alcanzó para garantizar el respaldo al Capítulo XI, dejando al Gobierno ante un escenario legislativo abierto y cargado de tensión.