El Gobierno anunció que empezó la auditoría de un millón de pensiones por discapacidad por irregularidades
El Gobierno anunció que comenzó la auditoría de más de un millón de pensiones por discapacidad laboral, tras las irregularidades en la asignación y cobro de esos beneficios que surgieron en un primer relevamiento en las localidades con más anomalías que surgían al cruzar información.
En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) trabajará con el PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación.
En una primera etapa, según había podido conocer este medio, se enviarían unas 400.000 cartas documento para revisar caso por caso.
“Este mes se van a empezar a mandar las cartas documento a los beneficiarios, que deberán asistir a un turno asignado para una evaluación médica presencial a cargo de médicos del PAMI. Luego, profesionales de la Andis analizarán la información y documentación. Solo para poner un caso testigo, el mes pasado se citaron a 1100 personas en la ciudad de Buenos Aires y solamente el 31,6% se presentaron; hubo 759 que no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad”, dijo Adorni hoy.
“El objetivo es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”, señalaron en Salud sobre el anuncio en Casa de Gobierno.
“Se espera que, durante los primeros días de febrero, los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan. Es por eso por lo que se cuenta con el apoyo del PAMI, que tiene una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores”, informaron desde el equipo de Lugones.
En la Andis, fueron surgiendo más irregularidades durante el año pasado del cruce de datos del Programa Incluir Salud –a través del que liquidan esas prestaciones– con los del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Identificaron, por ejemplo, que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como “activos”, con prestaciones mensuales y presenciales. En la agencia detallaron en ese momento que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores.” Calcularon que unas 102 instituciones “percibieron indebidamente” $1355 millones en el país.
La auditoría que el Gobierno informó hoy que comenzó esta semana será “un proceso escalonado y progresivo” para hacer “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”.
“Cada etapa de la auditoría está diseñada para garantizar la integridad del proceso y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el Gobierno de Alberto Fernández”, enfatizaron en Salud minutos antes del anuncio oficial.
Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión anterior y en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.
Desde mediados de julio del año pasado, cuando Adorni exhibió en conferencia de prensa copia de actuaciones en las que se veía la radiografía de un perro en un expediente para tramitar la pensión por discapacidad laboral, en la Andis avanzaron con “revisiones segmentadas”, por localidades.
En los primeros más de 10.000 beneficiarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a la pensión –que ronda los $260.000–, 212 personas estaban procesadas, con condena o presas. En diciembre pasado, en Chaco, solo un 13,6% de los 2344 beneficiarios que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo la pensión. Se habían citado a 2689 residentes de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Castelli y Presidencia de la Plaza. Hubo 1796 (66,8%) casos que pasaron al trámite de “baja”, según informó la Andis. En ese momento, 183 casos pasaron a revisión médica.
En la agencia citaron algunos ejemplos: el de una mujer que había recibido la pensión por amputación del brazo derecho, pero tenía “ambos brazos intactos” y el de otra beneficiaría a la que se le había otorgado el beneficio por tener cáncer de mama y no solo “nunca le habían diagnosticado la enfermedad, sino que confesó nunca haber realizado una mamografía”.
También detallaron “múltiples casos” con un patrón de falta de coherencia en los diagnósticos y rigor (por ejemplo, una menor tenía una pensión por pie plano). “Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario”, citaron en la Andis por otro de los casos evaluados.
En Salud afirman que las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina y estiman que un 60-70% de prestadores no están brindando servicios de forma regular. PAMI recibió de la Andis datos de 1123 instituciones que tienen convenio para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios que reciben esas prestaciones.