Luego de aplicar un fuerte ajuste sobre el sector de Discapacidad y de desconocer la ley de emergencia aprobada por el Congreso, el Gobierno nacional anunció que avanzará con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que pasará a depender del Ministerio de Salud.
“Tal como está hasta hoy, dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad. Será absorbida por el Ministerio de Salud”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, al oficializar la decisión del Ejecutivo.
El funcionario argumentó la medida en presuntas irregularidades en la asignación de pensiones, aunque evitó referirse al escándalo de corrupción que tuvo como epicentro a la propia ANDIS tras la difusión de audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, exabogado y persona de confianza del presidente Javier Milei.
En esas grabaciones se mencionaba el pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos y se aludía a funcionarios y dirigentes cercanos al entorno presidencial, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, lo que profundizó el impacto político del caso.
La causa ANDIS avanza en Comodoro Py
En paralelo al anuncio oficial, la investigación judicial continúa su curso en Comodoro Py. En los últimos días, Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía durante la gestión de Luis Caputo, se negó a declarar ante la Justicia. La mujer es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita investigada en la causa.
Durante un allanamiento realizado el 9 de octubre, la Justicia secuestró en su domicilio casi 700.000 dólares y 19.190.000 pesos, sin que hasta el momento se haya podido justificar el origen de ese dinero.
En el marco de la investigación también surgieron conversaciones comprometedoras entre Ornella Calvete y su padre, acusado de actuar como lobista entre droguerías y la ANDIS, en relación con contrataciones de prestadores. En esos intercambios se hacía referencia a reuniones clave y a una promesa llamativa: si todo salía bien, ella le compraría “una Lambo, una granja, lo que quieras”.
Mientras la causa judicial suma elementos, la decisión del Gobierno de disolver la ANDIS y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud abre un nuevo frente de debate político e institucional en torno a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.
