El Gobierno acata la orden judicial y restablece más de 119 mil pensiones por discapacidad, pero excluye a personas presas
El Gobierno de Javier Milei acató la resolución del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y anunció que restablecerá 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Sin embargo, según pudo saber Infobae, los beneficios no serán restituidos a las personas privadas de la libertad.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en la causa “Defensor del Pueblo y otros c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”.
La orden judicial
El juez Díaz Martínez dispuso que la ANDIS debía “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas” hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. La medida judicial fue promovida por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, quien actuó en representación de los beneficiarios afectados.
El magistrado consideró que se trata de derechos de naturaleza colectiva e individual, vulnerados por la aplicación de una norma inconstitucional y por una ejecución “irregular” por parte del Estado nacional. En su fallo, citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN”, que define los criterios de legitimación en procesos colectivos con intereses individuales homogéneos.
Posición del Gobierno
Fuentes oficiales explicaron que la ANDIS ya había restituido más de 622 pensiones tras verificar la incapacidad laboral de los beneficiarios. “La restitución se realiza en 48 horas”, aseguraron, y precisaron que otras personas siguen bajo revisión, ya que no acreditaron los requisitos exigidos.
Desde el Ministerio de Salud, bajo cuya órbita se encuentra la agencia, señalaron que las auditorías en curso buscan “reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares”, destacando que entre 2003 y 2023 las pensiones crecieron de 200.000 a 1.250.000.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, agregó que durante las auditorías se detectaron 27.149 pensiones cobradas por personas fallecidas y 55.318 beneficiarios que renunciaron al no poder justificar su incapacidad laboral. “Descubrimos 82.467 casos irregulares. El objetivo es que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, sostuvo.
Alcances y excepciones
El artículo primero de la resolución de la ANDIS establece el restablecimiento del pago de las pensiones suspendidas conforme al anexo del expediente judicial. En el artículo segundo se aclara que los pagos se harán según el cronograma de la ANSES.
El juez Díaz Martínez amplió la medida cautelar a todo el país, luego de que fallos previos ya habían beneficiado a titulares de pensiones en Catamarca y Formosa. Las bajas y suspensiones habían sido dispuestas durante la gestión del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
Aun así, el actual interventor de la agencia, Alejandro Vilches, resolvió no restablecer los beneficios a las personas presas, pese a que el fallo judicial no hace esa distinción. Según fuentes del organismo, “restituir indiscriminadamente todas las pensiones implicaría devolver beneficios a personas que no cumplen los requisitos legales”, como detenidos, personas con ingresos formales, o con certificados médicos apócrifos.
El trasfondo legal
El amparo colectivo presentado por APYFADIM cuestionó la falta de notificación adecuada, los traslados desproporcionados y los plazos exiguos para presentar documentación durante el proceso de auditoría iniciado en agosto de 2024. También denunció la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que elevó al 66 % el umbral de incapacidad laboral y amplió las causales de suspensión y caducidad de los beneficios.
El juez advirtió además la vacancia prolongada de la Defensoría del Pueblo de la Nación y reclamó al Congreso la sanción de una ley de acciones colectivas que regule este tipo de procesos judiciales.
Con esta decisión, el Gobierno de La Libertad Avanza busca equilibrar el cumplimiento de la orden judicial con su política de auditoría y control de gasto social, en un contexto de tensión entre la transparencia administrativa y el derecho a la protección social de las personas con discapacidad.