El gobernador de Salta indignado por la decisión que tomó el Gobierno de Milei ante la presión del “Señor del Tabaco”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su “desilusión” luego de que el Gobierno quitara del proyecto original de la Ley Bases el capítulo tabacalero, que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, ante la presión del “Señor del Tabaco”, tal como el presidente apodó a Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí.

“Me enteré por los medios de comunicación que habían sacado el capítulo fiscal de la modificación de impuestos internos al tabaco y recibimos el proyecto sin este capítulo. La verdad que desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

El mandatario provincial también contó que recibió advertencias y mensajes para que no se meta con el tema de las tabacaleras, agregó que no se va a quedar de brazos cruzados y remarcó su preocupación por “el poder sobre la política, el Congreso y el Gobierno nacional” que tiene Otero.

Al ser consultado sobre si recibió amenazas, Sáenz respondió: “Recibí consejos, para no darle una entidad que espero no tenga, que debería dejarlo pasar, pero no puedo hacerle eso a los salteños”.

Sáenz señaló que retirar el artículo representa un “privilegio” hacia una persona y una empresa, en alusión a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, y que además genera una situación de “indefensión” al resto de los productores que apuestan al tabaco.

“Me produce vergüenza y me da un poco de bronca. También tengo que reaccionar porque como gobernador de una provincia tabacalera por una cuestión de respeto deberían habernos consultado de esta situación, porque esto no lo puede decidir un grupo de diputados que no conocen las economías regionales y que no conocen una plantación de tabaco, los puestos que genera y la cantidad de gente que vive de las plantaciones”, manifestó.

Una de las publicaciones del extenso hilo que realizó en X el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.Una de las publicaciones del extenso hilo que realizó en X el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
“Dejemos el capítulo y aquellos diputados que defienden este tipo de privilegios, que defiendan este tipo de privilegios, planteen sus posturas de por qué acompañan y defienden este tipo de cosas. Yo me he comunicado con gobernadores de las distintas provincias tabacaleras para que se vuelva a incluir el capítulo”, adelantó.

El gobernador pidió que la Justicia actúe para que investigue esta situación “ilícita” que se produce en la industria del tabaco, donde el empresario adeuda 2.000 millones de dólares al Estado.

El martes, el mandatario salteño ya se había expresado por redes sociales, donde le pidió a Javier Milei, en nombre de “las provincias del norte, y de todos los ciudadanos del resto del país”, que “no se deje ganar por el Señor Tabaco”. “Le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha acatado en público”, solicitó al Jefe de Estado a través de un extenso hilo en X, ante Twitter.

En esas publicaciones, Sáenz cuestionó fuertemente al “grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales”, así como también a otro lote de legisladores que “se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero”. Entre ambos, según su visión, “torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la ‘casta’”, remarcó.

El mandatario salteño consideró además que la modificación de Impuestos Internos al Tabaco “iba a terminar con el privilegio de una sola empresa (en referencia a la firma de Otero) que se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores”.

Sáenz mencionó en paralelo cuáles son las consecuencias económicas para la región. “El precio de esta prebenda lo pagan las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco afectando a una economía regional que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción”, explicó.

Y agregó: “Pero también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de 1 billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos coparticipables entre las 24 jurisdicciones de nuestro país y el Tesoro Nacional”.

“Por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a 1 millón de jubilaciones mínimas al año en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas”, criticó Sáenz.

Por la decisión del Gobierno de quitar el capítulo tabacalero en la nueva Ley Bases, Tabacalera Sarandí seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que tiene judicializado el pago del impuesto mínimo al cigarrillo, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.

Qué decía el capítulo tabacalero del proyecto original de la Ley Bases
El proyecto original enviado por Milei eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector.

Elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%, incorporaba precios de mercado referenciales para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores) e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.

También podía impactar en la recaudación si es que en algún momento se autorizaba la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto de ley original. Se trata de un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según planteó Otero a Clarín, pero que ahora directamente queda descartada esa opción en el nuevo proyecto oficial.

Todas esas modificaciones iban a permitir aumentar la recaudación en 922 millones de dólares por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb. Pero se dieron de baja.