El fiscal Taiano considera que la denuncia contra la jueza Andrade debe tramitarse en la Justicia porteña
El fiscal federal Eduardo Taiano determinó que la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra la jueza Karina Andrade debe ser remitida a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada había sido denunciada por liberar a más de 100 detenidos tras los incidentes ocurridos en el Congreso.
La presentación fue realizada por el funcionario Fernando Soto en representación del ministerio que encabeza Patricia Bullrich, acusando a Andrade de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Inicialmente, la causa quedó bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, con intervención de Taiano, pero el fiscal consideró que la investigación corresponde a la Justicia porteña.
En su dictamen, al que accedió Clarín, Taiano argumentó que “la conducta reprochada no excita la competencia de este fuero de excepción, toda vez que la jueza Karina Andrade no desempeña funciones federales”. En esa línea, recordó que los delitos cometidos contra la administración pública por funcionarios locales deben ser investigados por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad sostiene que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin analizar las pruebas, sin considerar los antecedentes penales y sin respetar los procedimientos legales vigentes. Además, el Gobierno denuncia que la jueza actuó arbitrariamente, omitiendo la normativa procesal y resolviendo la situación de los detenidos a través de mensajes de WhatsApp.
Según el planteo oficial, el Código Procesal Penal de la Ciudad establece que, en casos de flagrancia, la fiscalía es la encargada de confirmar la detención, no el juez. “Los detenidos se encuentran a disposición del fiscal durante las primeras 24 horas y no del juez, quien no interviene en esta etapa del proceso”, explica la denuncia.
En ese marco, se acusa a Andrade de tomar una decisión sin los elementos de prueba necesarios y de violar el principio acusatorio consagrado en la Constitución porteña. “Se inventó un Código Procesal Penal propio y ordenó la inmediata libertad de 114 detenidos sin revisar las actuaciones ni verificar sus antecedentes”, subraya la denuncia.
El escrito también menciona que muchos de los liberados poseían antecedentes por delitos graves, como lesiones, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos agravados.
Respecto a la acusación de prevaricato, Taiano señaló que los delitos de abuso de autoridad cometidos por funcionarios locales deben ser investigados por la justicia porteña, conforme a la Ley 26.702. “Impulsar la acción penal en este fuero implicaría investigar hechos que son competencia de la justicia local”, concluyó el fiscal, solicitando a la jueza Servini que remita la causa a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.