El fiscal federal Carlos Stornelli adhirió este lunes al pedido de las asociaciones querellantes para que la Justicia argentina active el procedimiento de extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenido en los Estados Unidos y cuenta con una orden de captura internacional vigente, dictada por los tribunales federales de Comodoro Py.
La presentación se realizó en el expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El planteo se suma a la solicitud elevada recientemente por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas querellantes en la causa.
En su escrito, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que sobre el exmandatario recae un llamado a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, conforme lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones.
Frente a este escenario, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 consideró que se trata de “una cuestión urgente” debido al actual estado de detención del imputado, por lo que adhirió formalmente al pedido de las querellas para que se inicie el procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que Maduro sea sometido al proceso penal que tramita en la Argentina.
La solicitud judicial se conoce luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informara que Nicolás Maduro fue capturado y retirado de Venezuela en el marco de una operación militar. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en la red social Truth Social.
Según informaron autoridades estadounidenses, Maduro enfrenta desde 2020 cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de armas de guerra contra los Estados Unidos. En ese país, las imputaciones contemplan penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.
En paralelo, la causa que tramita en Comodoro Py investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a intervenir independientemente del lugar donde se hayan cometido los hechos o de la nacionalidad de las víctimas y los imputados. En el expediente también están imputados otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, además de militares y agentes de inteligencia.
La orden de captura internacional contra Nicolás Maduro fue dictada en septiembre de 2024, luego de que la Cámara Federal porteña ordenara avanzar con la investigación y evaluara la adopción de medidas cautelares para garantizar la sujeción de los imputados al proceso. En ese contexto, el juez Ramos dispuso su citación a declaración indagatoria y la emisión del pedido de detención.
El expediente incorpora, además, informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentan casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014, junto con testimonios directos de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.
El eventual trámite de extradición deberá canalizarse por la vía diplomática, conforme a la normativa de asistencia jurídica internacional y a los tratados vigentes entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese marco, será la Cancillería argentina la encargada de gestionar ante las autoridades norteamericanas el posible traslado del imputado, una vez cumplidas las etapas formales del procedimiento.
