El estado de emergencia de las obras y servicios públicos se debate en la Cámara Baja entrerriana
En una sesión especial realizada este miércoles por la mañana, la Cámara de Diputados dio ingreso al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se declara la emergencia de la obra pública en la provincia. El expediente fue analizado esta tarde, en una reunión conjunta, en las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Se prevé que esta iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, sea tratada este jueves por el pleno del cuerpo legislativo, durante una nueva sesión especial que comenzará a las 16.
De la reunión de comisiones participaron el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el coordinador general de la misma cartera, Hernán Jacob; el fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, y el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher.
Al respecto, Mauro Godein, miembro de la comisión de Obras Públicas, afirmó que se trata de “un tema urgente y prioritario”, ante el avance de juicios ejecutivos por la deuda existente con empresas constructoras, lo cual afecta a las finanzas del Estado.
“Entiendo la preocupación del gobierno nacional por equilibrar el gasto fiscal, lo cual estamos haciendo en la Provincia con un ajuste que se está haciendo sobre el gasto público innecesario, pero necesitamos obra pública”, dijo Godein acerca del corte del financiamiento por parte de Nación.
El legislador agregó que esa necesidad se ve reforzada tras las tormentas de los últimos días que “han devastado muchas zonas de la provincia, con inundaciones y enormes daños”, ante lo cual hay obras cuya ejecución debe agilizarse.
Alcances de la emergencia
El proyecto declara, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, el “estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras y servicios públicos, hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objeto de revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos” y “cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia”.
Durante el periodo de la emergencia, quedarán suspendidas las ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también la traba de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra cualquiera de los tres poderes del Estado.