El escándalo por las irregularidades y la corrupción en la ANDIS suma derivaciones estremecedoras que van más allá de las planillas contables. Mientras en los registros oficiales figuraba como cumplida la entrega de una prótesis para un paciente de Río Negro, el insumo jamás llegó al quirófano y el cuadro derivó en la amputación irreversible de la pierna del damnificado.
Los datos surgen de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, y el exsecretario nacional de Discapacidad Alejandro Vilches. La auditoría elevada a los tribunales expuso las enormes diferencias entre los montos abonados por la gestión del abogado Diego Spagnuolo y los valores de referencia de mercado.
En el expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND, caratulado como una situación de gravedad, constaba un remito formalmente firmado por la madre del paciente. Sin embargo, los peritos comprobaron que la rúbrica fue obtenida “bajo inducción a error al momento de la toma de medidas”, advirtieron en el escrito.
La proveedora involucrada habría justificado la falta del elemento en deudas impagas de la firma contratista, mientras el paciente esperaba la prótesis hasta perder su extremidad.
Sobreprecios de hasta 1.972%
El relevamiento detectó compras con valores desorbitantes en insumos ortopédicos y médicos. Un caso testigo involucró a la firma Farma Salud, a la que el organismo le pagó $ 425 millones por un sistema valvular en julio de 2025, cuando pocos meses antes el PAMI había adquirido un equipo similar por $ 124,2 millones.
Los peritajes técnicos revelaron adquisiciones de productos importados con sobreprecios de entre el 300% y el 1.000% respecto de alternativas nacionales, alcanzando diferencias de hasta 1.972% en comparación con otros organismos estatales.
A su vez, los auditores descubrieron un desfasaje contable de $ 158.717 millones en las cuentas internas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad antes del desplazamiento de su titular en agosto de 2025.
Durante su gestión, Spagnuolo mostraba un particular desapego por la función social del área. “Detrás de cada discapacitado hay una PyME que quiere sacarle plata al Estado”, solía repetir desde su despacho oficial.
La causa judicial y el pedido de detención
La investigación que encabeza el fiscal federal Franco Picardi analiza maniobras de presunto fraude con cobro de retornos de hasta el 20%. El funcionario judicial sostiene que el organismo operó como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, a través de compulsas cerradas.
La Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de Spagnuolo como presunto líder de una asociación ilícita, administración fraudulenta y cohecho pasivo junto a otros 18 imputados. Entre las empresas señaladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobresalen Droguería Profarma SA, con 21 licitaciones objetadas, e Indecomm SRL, firma a la que se le detectó una factura cobrada dos veces.
Frente al nuevo cuadro probatorio, el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente ante el juez federal Ariel Lijo la inmediata detención del exfuncionario, en una causa que investiga desvíos por más de $ 30.000 millones.
