El Ejército reclama el edificio del Museo Antonio Serrano
El Ejército Argentino tiene planteada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda contra la Provincia de Entre Ríos por la que pretende que se declare “inconstitucional” una ley sancionada en 2005 por la Legislatura entrerriana. A través de esa norma, el Estado puso fin a la cesión en favor del Ejército del edificio que ocupa actualmente el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano, en Gardel 62, y que antes usaron dependencias militares.
La causa, caratulada “Estado Nacional (Ejército Argentino) c/ Provincia de Entre Ríos s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, se tramita ante la Corte Suprema, y en su esencia apunta a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 9.631, por la que se revocó la donación de aquel inmueble efectuada por la Provincia mediante la Ley Nº 2.841 del año 1924), con motivo de la inejecución del cargo correspondiente.
El Ejército entendió que esa norma, sancionada por la Legislatura provincial, “interfiere en el ejercicio de la titularidad que tiene el Estado Nacional sobre el referido inmueble, que está afectado a la defensa nacional y regulado por la Ley nacional Nº 23.985 y su Decreto reglamentario Nº 653/96, arrogándose así la Provincia –según dice– funciones delegadas al Gobierno Nacional en violación de los Artículos 31, 75 incs. 5 y 3 y 121 de la Constitución Nacional”.
El edificio que ahora ocupa el Museo Antonio Serrano supo acoger al ex Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, antes de que se asentara en su actual emplazamiento, en Garay y Buenos Aires. Allí funcionó el establecimiento educativo entre los años 1892 y 1914, aunque antes también esa casona fue la sede de la Casa de Gobierno y también de la Superintendencia del Ejército.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, recordó que siendo legislador provincial, durante la administración del radical Sergio Montiel, impulsó aquel proyecto de ley de caducidad de la cesión del edificio en favor del Ejército. “Pretendimos la restitución del inmueble porque ya no se lo usaba para las tareas de intendencia, esto es la confección de uniformes para el Ejército, que era el fin para el cual lo tenían”, señaló.
Pero a la par que la Legislatura daba forma a aquella iniciativa, el Ejército daba impulso a la demanda ante la Corte que, finalmente, cayó en el olvido: al no haber ningún movimiento procesal que impulsase el juicio, el máximo tribunal declaró caduca la instancia. “La caducidad de instancia es un instituto que rige el proceso judicial. Cuando un proceso entra en etapa de detención, de suspensión, el castigo que suele imponer el tribunal es la caducidad de la instancia. O sea, vuelve todo para atrás”, explicó el fiscal.
De igual modo, admitió, que la Corte “no se expidió sobre el fondo. De todos modos, hoy tenemos inmueble como que el juicio nunca hubiera existido. Claro que el Ejército puede volver a reactivar la causa, aunque esa es una posibilidad remota”.
El reclamo se inició no bien la Legislatura sancionó, en mayo de 2005, la Ley Nº 9.231. Esta primera donación se había hecho con el cargo de que el Ejército permaneciera ocupándolo, pero con el repliegue de las unidades del Ejército, y el cierre de destacamentos en distintos puntos del país, la dependencia que funcionó en el edificio de calle Gardel se retiró, y lo dejó inhabitado. Precisamente, ésa fue una de las causas por la cual la Provincia reclamó la restitución del edificio.
La decisión se fundó en la necesidad de otorgar una nueva sede al Museo Antonio Serrano, que debió desalojar su anterior emplazamiento, en el subsuelo de la Escuela Del Centenario, ahora ocupado por aulas.
En su demanda, el Ejército rechazó los presupuestos de la Provincia, y sostuvo que “la revocación intentada es inadmisible pues, por un lado, no ha mediado incumplimiento del cargo ni abandono del inmueble, sino que, en todo caso, la provincia debió constituirlo en mora respecto de la ejecución de dicha obligación, presupuesto insoslayable de la revocación que no ha sido llevado a cabo”.