En el marco del Presupuesto 2027, mientras se retacean fondos para discapacidad, el proyecto oficial incluye una partida de salarios de personal que no estaría asignado a ninguna dependencia del sector público por el equivalente a casi u$s1.000 millones.
Sumado a otras partidas sin asignación específica, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reservó fondos por unos u$s5.000 millones para utilizar a discreción.
Se trata de Obligaciones a Cargo del Tesoro que maneja la Secretaría de Hacienda, las cuales incluyen partidas sin asignación específica por $7,68 billones.
Al indagar en el gasto incluido en dicho rubro, se advierte que allí se estarían disponiendo fondos para discapacidad destinados a casos en que las erogaciones excedieran lo estipulado por la ley.
Esa partida es la que más crece dentro del presupuesto y presenta el destino menos definido, quedando sujeta a una mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Aumentos reales y falta de asignación
“La partida que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 a $14,8 billones, un aumento real del 116,9%”, advierte un informe técnico al analizar las planillas oficiales.
Asimismo, se aclara que ese gasto no corresponde a ningún ministerio “sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda, que financia al PAMI, a las empresas ferroviarias y viales, a ENARSA y a otros entes”.
“Más de la mitad de su crédito, $7,68 billones, figura como ‘otras asistencias financieras’, sin beneficiario definido: incluye una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones de transferencias sociales cuyo destino se define durante la ejecución”, detalla el reporte.
La partida incluye además $129.851 millones de gastos figurativos dirigidos hacia la Auditoria General de la Nación (AGN).
Respecto a los fondos, se remarca que más de la mitad corresponde a otras asistencias financieras, considerándola como “una categoría genérica que en el proyecto no tiene apertura por beneficiario”.
La misma abarca “$1,45 billones en gastos en personal no asignados a ningún organismo”. A su vez, se suman “$5,31 billones en transferencias al sector privado dentro de servicios sociales” y “$300.000 millones en transferencias a universidades nacionales”.
“El destino final de estos fondos lo define el Ejecutivo durante la ejecución, con las facultades de reasignación que le otorgan los artículos 5° y 9° del proyecto”, puntualiza el documento.
El esquema para discapacidad
Aunque el Gobierno plantea en el proyecto eliminar el gasto correspondiente a lo que dispone la ley de Emergencia en Discapacidad, la iniciativa contempla fondos bajo el paraguas de Obligaciones a Cargo del Tesoro, ante una norma que vence el 31 de diciembre próximo pero puede prorrogarse por un año.
En ese sentido, “el artículo 38, por ejemplo, prevé cubrir desde esta categoría el gasto en pensiones por invalidez que exceda lo presupuestado”, remarca el relevamiento.
No obstante, se señala que “hay una limitación importante ya que el proyecto no publica la apertura por programa del crédito vigente 2026 para esta jurisdicción”.
“Por eso no es posible determinar qué parte del aumento es gasto nuevo y qué parte es traslado de partidas desde otros organismos. Un indicio de traslado es que el Ministerio de Economía cae 3,3% nominal mientras el Tesoro absorbe asistencia a empresas de energía y transporte”, concluye el reporte.
