El viaje del presidente argentino Javier Milei a España sigue generando controversias. El diputado nacional del radicalismo Fernando Carbajal ha anunciado que procederá con una denuncia penal contra Milei. Carbajal argumenta que, según una declaración oficial de la embajada argentina en Madrid, el viaje tuvo carácter “privado”, lo que justifica la acusación de defraudación al Estado y mal uso de bienes y recursos públicos.
La embajada argentina en Madrid confirmó que el viaje del presidente Milei tuvo carácter “privado”. Amerita una denuncia penal, porque implica defraudación al Estado y mal uso de los bienes y recursos públicos. Procederé ante la Justicia. https://t.co/L1OlPssutL vía @el_pais
— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) May 23, 2024
La polémica se intensificó después de que el diario español El País revelara detalles sobre la comunicación oficial presentada por la embajada argentina ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España el 30 de abril. En dicha comunicación, se especifica que la visita de Milei a España, realizada entre el 17 y 19 de mayo, era de carácter privado.
El viaje del presidente incluyó su participación en la cumbre partidaria de Vox y la presentación de su libro, actividades que, según la declaración de la embajada, no estaban relacionadas con sus funciones oficiales como jefe de Estado. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los gastos de traslado y la utilización del avión presidencial ARG-01, así como sobre quién cubrió los costos de estadía de Milei y su comitiva.
El diputado Carbajal considera que el uso de recursos públicos para un viaje privado constituye un delito y ha decidido llevar el caso ante la Justicia. La acusación se centra en la posible defraudación al Estado y el mal uso de bienes públicos, ya que se habrían utilizado recursos estatales para fines no oficiales.
Esta situación se suma a las críticas y solicitudes de información por parte de otros legisladores, como la vicepresidenta del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Karina Banfi, quien también ha solicitado a la Oficina Anticorrupción un informe sobre los detalles del viaje y la posible violación de la Ley de Ética Pública.
