La crisis habitacional en la Argentina cruzó una línea roja: tener trabajo o una jubilación ya no garantiza mantener un techo bajo la política económica de desregulación y ajuste de Javier Milei. Lo que antes aparecía ligado a la vulnerabilidad social extrema hoy se transformó en un fenómeno masivo que especialistas denominan “desalojo económico”: familias de clase trabajadora y jubilados que, de un día para el otro, quedan en la calle al no poder afrontar los altísimos costos de los alquileres.
El diagnóstico oficial ya le pone números a esta realidad. El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, finalizado en abril de 2026 por el Ministerio de Capital Humano en cumplimiento de la Ley N° 27.654, identificó a 9.421 personas en situación de calle en 19 jurisdicciones del país.
El dato más revelador del impacto reciente de las políticas económicas es que el 60% de esas personas quedó en la calle en los últimos dos años, en paralelo con la escalada inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo. Además, el informe destaca que el 83% son varones.
Historias que exponen el “desalojo económico”
Esta realidad no se reduce a estadísticas; se traduce en vidas rotas a lo largo y ancho del territorio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Ernesto Kenny, un jubilado con discapacidad desalojado de su departamento en Recoleta por no poder pagar el alquiler ni las expensas, expone la desprotección total de los adultos mayores.
En el conurbano bonaerense, a Guillermo Thot lo desalojaron en Temperley del taller donde trabajaba y vivía con cinco mascotas, también por falta de pago.
El drama se federaliza con crudeza en las grandes ciudades del interior. En Rosario, una familia de cuatro integrantes (Adrián, Sabrina, su hijo de 15 años y el abuelo de 70) vivió un mes entero bajo un árbol en una plaza céntrica, frente a la Maternidad Martin, tras quedarse sin empleo y ser expulsada del mercado inmobiliario.
En Neuquén, el periodista Juan Manuel Curcho, movilero de LU5 AM, fue testigo el pasado 20 de mayo de la marginalidad extrema: mientras tomaba imágenes de la basura en la zona oeste de la capital provincial, descubrió a dos adultos jóvenes viviendo y durmiendo dentro de un caño pluvial de desagüe.
ONGs desbordadas y sin apoyo estatal
En este contexto, la Asociación Civil sin fines de lucro Amigos en el Camino funciona como una red de contención que asiste a 1.200 personas en situación de calle desde hace 14 años, y hoy está, según sus referentes, “desbordada”.
Mónica De Russis, directora ejecutiva de la organización, remarcó a C5N que trabajan de forma independiente, sin subsidios estatales y sin apoyo de partidos políticos o instituciones religiosas. “El riesgo de quedar en situación de calle crece segundo a segundo. Hay gente que tiene uno o dos trabajos y no le alcanza si está pagando un alquiler. Cada vez se va achicando más y llegan con un estado de depresión grande a pedir ayuda. Es abrumador”, afirmó.
La activista aseguró que la demanda telefónica y por WhatsApp es incesante: “No damos abasto con todo lo que tenemos. El volumen de gente que vemos en situación de calle, más todos los que están en riesgo de estarlo, es abrumador”, insistió.
La titular de la ONG describió la disyuntiva a la que se enfrentan miles de argentinos: “No comen, porque la plata es para la comida o para el alquiler y las expensas. Hay personas que con mucha vergüenza te llaman, te escriben o se acercan en las recorridas para pedirte ayuda. Es muy angustiante todo. Ni hablar de los jubilados…”, lamentó.
Alquileres, ingresos y deuda: el nuevo mapa del ajuste
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Inquilina, el mercado inmobiliario desregulado generó una transferencia de ingresos brutal y, como consecuencia, 1 de cada 3 inquilinos destina entre el 60% y el 100% de sus ingresos netos exclusivamente a pagar el techo.
Estas personas quedan expuestas a que cualquier imprevisto —una enfermedad, un aumento del transporte o un gasto extraordinario— las empuje directamente a la calle. Con contratos que imponen aumentos cada tres o cuatro meses, una presión que soporta el 70% de los encuestados, la estabilidad habitacional prácticamente desapareció, según la organización Inquilinos Agrupados.
Para no perder la vivienda, las familias entran en un círculo vicioso de endeudamiento:
El 70,9% de los inquilinos hoy tiene deudas.
El 53,2% se endeuda para poder comprar alimentos.
El 38,9% recurre al endeudamiento para pagar el alquiler.
Estos números determinan un ajuste alimentario severo: el 65,1% debió recortar comida. Casi el 30% de los inquilinos realiza solo una o dos comidas al día, una cifra que trepa dramáticamente al 41,7% en el caso de los jubilados.
Neuquén, Córdoba y el interior, focos del “desalojo económico”
El fenómeno del desalojo económico golpea con diferente intensidad y marca a algunas provincias como puntos calientes de expulsión de las viviendas por falta de pago. Al tope de los inquilinos que se mudaron por no poder pagar el nuevo monto del alquiler está Neuquén, con el 33,3%; le sigue Córdoba, con el 23,1%; luego la provincia de Buenos Aires, con el 20,2%; Santa Fe, con el 11,9%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 9,4%.
La situación en Neuquén es la más alarmante: uno de cada tres inquilinos se vio obligado a rescindir o dejar su hogar por la imposibilidad de costearlo, duplicando la media nacional del deterioro habitacional. Hay personas, aun con una familia constituida, que vuelven a vivir con sus padres, otros familiares o amigos, y otras que no tienen esa contención y terminan directamente en la calle.
Un cambio de paradigma en la calle
En este escenario, analistas y organizaciones coinciden en que se modificó el perfil de quienes hoy duermen a la intemperie. El Gobierno de Javier Milei, con su esquema de desregulación y ajuste, logró cambiar el paradigma de que los argentinos más vulnerables, de los sectores históricamente más postergados, son los únicos que se quedan en la calle.
Hoy, las veredas y paradores son habitados también por familias trabajadoras que, a pesar de tener jornadas laborales completas —incluso hasta tres trabajos por persona—, ven cómo la brecha entre sus salarios y los precios de los alquileres convierte al derecho a la vivienda en un privilegio.
