El Consejo Superior de la UNL adhirió a la Marcha Federal y pidió al Congreso defender la educación pública
El Consejo Superior de la Universidad Nacional (UNL) aprobó este jueves una resolución en la que adhiere a la Marcha Federal universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La movilización coincidirá con el debate en el Congreso sobre el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y convoca a toda la ciudadanía bajo el lema: “La educación no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un futuro sustentable”.
En el texto aprobado por unanimidad, el Consejo calificó al veto como “un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación”.
La resolución incluye tres artículos principales. El primero establece la adhesión a la marcha federal; el segundo insta al Congreso a defender la educación pública, las paritarias docentes y las becas estudiantiles, reclamando que se revierta lo que definieron como un veto “injusto e irresponsable”; y el tercero exhorta a sancionar una Ley de Presupuesto Nacional 2026, considerada indispensable para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento de las universidades y la continuidad de sus actividades académicas, de investigación y extensión.
Fundamentos de la resolución
El documento recuerda que la Ley de Financiamiento Universitario había sido debatida, votada y sancionada en el Congreso con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública. Sin embargo, advirtió que el actual veto se inscribe en un Gobierno que, por segundo año consecutivo, administra sin presupuesto nacional.
En ese sentido, la resolución subraya que sin presupuesto “no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas”, lo que configura una decisión política que “promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional”.
Finalmente, el Consejo remarcó que el veto presidencial revela las prioridades del Gobierno nacional: “Negar la recomposición salarial que termine con la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de becas estudiantiles como Progresar y Manuel Belgrano; y frenar la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria”.