El Consejo de la Magistratura destituyó al juez Walter Bento

El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó este miércoles la destitución del juez Walter Bento por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber “deshonrado a la justicia”.

Ahora sin los fueros, queda al borde de ir preso. La Justicia ya pidió su detención. El destituido juez no quiso viajar a Buenos Aires y siguió el fallo en la sede de los Tribunales Federales de la ciudad de Mendoza.

Después de la identificación de sus datos en la central de la Policía Federal, donde toman sus huellas digitales de los detenidos, Bento quedaría preso en uno de los calabozos del U32, mismo edificio donde estaba su despacho de juez.

El fallo del Jury de Enjuiciamiento argumenta que hubo cinco causales de mal desempeño, por fuera de las imputaciones de la causa penal que debe resolver la Justicia Federal de Mendoza.

“Quedó acreditado que desde que comenzó a ser investigado realizó diferentes maniobras para el entorpecimiento de la investigación, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial desde 2005 a 2020, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”.

Y se condenó que contravino normativa aplicable de los concursos del Consejo de la Magistratura “al inscribirse en un cargo de vocal de Casación Penal a sabiendas que no reunía las condiciones para hacerlo”.

La votación se definió 6 a 1. El único voto en disidencia fue del presidente del jury, Javier Esteban de la Fuente, quien consideró que había que esperar la resolución de la causa penal antes de definir la destitución.

El cuestionado magistrado asumió durante la presidencia de Néstor Kirchner y actuaba como un todopoderoso en Mendoza porque durante muchos años comandó dos juzgados federales (uno como subrogante) y era el juez con competencia electoral. Tenía influencia y trato con políticos de todos los partidos y empresarios.

El crimen de un ex despachante de Aduana e informante policial abrió una investigación en la que aparecieron pruebas y testimonios que ubicaban a Bento como líder de una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.

Esa investigación derivó en el juicio oral que realiza el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, donde hay cinco pedidos de prisiones preventivas para el juez, con procesamientos firmes, por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Bento fue suspendido en sus funciones pero ha podido mantener su libertad porque tenía fueros que le dan inmunidad. Pero con la destitución, podría ir preso en las próximas horas.

El pedido de detención lo debe hacer el tribunal oral que lo juzga en Mendoza, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá.

El abogado de Bento, Marcelo Fragueiro Frías, adelantó que, en caso de una destitución, presentará un recurso extraordinario a la propia comisión del Jury para evitar que vaya preso. “¿Dónde alojarían a un magistrado que ha procesado a personas dentro de las unidades penitenciarias, ya sean causas comunes o delitos de lesa humanidad?” se preguntó.

Las acusaciones, que justifican la imputación por mal desempeño de su cargo, reflejan en gran parte lo que la justicia mendocina viene juzgando en sus tribunales contra Bento, y que también tiene imputados a su esposa y dos de sus hijos: asociación Ilícita, cohecho pasivo (15 hechos), prevaricado, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial (en dos oportunidades) y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Ese catálogo de irregularidades fue investigado en diez expedientes judiciales distintos, donde se lo acusa de meterse en causas en las que debería haberse excusado, vender un departamento antes de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono, intentar manipular la tarjeta SIM del aparato, borrar mensajes comprometedores, vaciar una caja de seguridad cuando supo que se la iban a allanar, y negarse a entregar su pasaporte y documentos de viajes que hubieran revelado adónde estuvo y dónde podría haber escondido dinero ilícito.

También se lo acusa de manipular, cambiar y falsear datos en declaraciones juradas patrimoniales, de omitir declarar cuentas, fondos y tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Y de intentar ocultar muchos viajes al exterior, durante los cuales se alojaba en hoteles costosos, como las reiteradas visitas al casino del hotel Caesar Palace de las Vegas, lo que está expresamente prohibido por las normas de la justicia nacional.

El juicio político contra Bento comenzó el 25 de septiembre Los acusadores fueron la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, ambos de Juntos por el Cambio, y el abogado Miguel Piedecasas, quien lideró los alegatos contra el juez, que declaró durante el proceso. La defensa estuvo a cargo de Mariano Fragueiro Frías, que también representa a Bento en el jucio oral.

El tribunal que destituyó a Bento está integrado por los jueces de cámara Javier Esteban de la Fuente (único que votó en contra) y Javier Leal de Ibarra (Vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán (Unión por la Patria) y José María Torello (PRO), las diputadas Anahí Costa (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO), y el abogado Alfredo Enrique Barrau.

Para lograr la destitución de un magistrado se necesitaban al menos cinco votos de los siete miembros y el fallo no es apelable. La votación terminó 6 a 1.

“Es penoso para este Tribunal que un juez de la Nación se haya desviado de su recto proceder al extremo de su posición. Jamás será auspicioso para la Justicia tener que remover a un magistrado. Sin embargo hay que separar a quienes deshonraron los preceptos constitucionales”, fundamenta la sentencia.

El fallo del Consejo de la Magistratura aclaró que, en el caso del hijo con discapacidad que tiene Bento, y que al perder su cargo su padre y su madre, la esposa del juez cuestionada también y sus hermanos, todos empleados del Poder Judicial, el joven continúe recibiendo a modo de excepción la afiliación a la obra social de empleados judiciales.