El Consejo de la Magistratura citó al camarista entrerriano Juan Carlos Gemignani para el 22 de mayo
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó en una reunión extraordinaria realizada esta mañana convocar al actual presidente de la Cámara de Casación Penal, Juan Carlos Gemigniani para el 22 de mayo por presuntas “faltas disciplinarias” en su actuación como magistrado. Lo hizo al votar por unanimidad el dictamen acusatorio elaborado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria contra el camarista.
Gemignani fue denunciado por la Unión de Empleados Judiciales (UEJN) en 2016 por haber ordenado detener a una secretaria del cuerpo, María Amelia Expucci, que se había negado a cumplir con una orden suya de realizar un inventario de las cajas con equipamiento depositadas en la sala de audiencias del Tribunal.
Cuando todo se encaminaba a que el texto fuera aprobado tal como había llegado a la reunión, la intervención de la representante del gremio de los Judiciales, Carolina Lospenatto, reclamando que el dictamen “adolecía de las cuestiones de violencia de género vinculadas” hizo que la reunión pasara a un cuarto intermedio. Según Infobae, fue luego de que la diputada Graciela Camaño hiciera suyas las observaciones de los Judiciales y de que el consejero Juan Bautista Mahiques pidiera una breve reunión aparte para incorporar lo solicitado por los empleados judiciales a través de Lospenatto, y por la consejera Camaño.
En el interregno se podían escuchar los cánticos de las trabajadoras judiciales que se convocaron en la sala de reuniones del Consejo: “Se va a acabar, esta Justicia patriarcal”. También estuvieron presentes el secretario general de UEJN, Julio Piumato, y la fiscal federal Paloma Ochoa, quien en la causa penal había pedido la indagatoria de Gemignani. Esa indagatoria nunca llegó a concretarse porque resultó sobreseído antes por la Cámara Federal.
Así se agregaron al dictamen preliminar dos frases: una vinculada a la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte del camarista y otra con una mención explícita en la acusación a la Ley Integral de Protección, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Convención de Belem do Pará. Se dejó expresa constancia de que se había afectado “la dignidad como mujer” de Expucci.
En su intervención, Lospenatto también expuso el desacuerdo de la UEJN porque el dictamen sometido a votación no incluía “la base fáctica de la declaración de Expucci” y el testimonio de los otros empleados que estuvieron presentes en el hecho y que “le daban sustento a la declaración de la víctima”. “Si se pretende acallar la voz de la víctima, es decirles: “Yo no te creo””.
Brizuela y Doria explicó que el texto era provisorio y que “en ningún momento hubo intención” de dejar de lado el aspecto vinculado con la posible violencia contra la mujer.
Según el proyecto aprobado, a Gemignani se le imputó “falta de consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, “actos ofensivos al decoro de la función judicial” y “negligencia en el cumplimiento sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional”, indican los colegas de Infobae. La sanción prevista va desde la advertencia y el apercibimiento, hasta una suspensión o una multa que puede alcanzar el 50% de sus haberes por única vez.
Si bien la imputación no es penal, sino política, la citación a un magistrado por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Acusación y Disciplina es equiparable a una indagatoria en sede judicial. El juez al que se la abre un proceso de este tipo -que no requiere como condición la existencia de un delito, sino que alcanza con un comportamiento inadecuado, indecoroso o impropio de un juez- puede optar por comparecer o enviar un escrito. Según le dijo Gemignani a Infobae, evaluará qué hacer con sus abogados, Jimena Pisoni y Pablo Lanusse.
Próximo a archivarse
El expediente se inició en agosto de 2016 por “abuso de poder” y “violencia de género” al ordenar de forma “indebida e ilegítima, haciendo un uso excesivo de su investidura y del hecho de estar ejerciendo la Presidencia de la Cámara- la detención e incomunicación de la prosecretaria de la Sala I de ese cuerpo”. Además, se le atribuyó al camarista haber amenazado a los empleados y funcionarios presentes, aduciendo que cualquier otro que, a su criterio, entorpeciera su orden, también sería detenido.
El gremio de los Judiciales calificó el comportamiento de Gemignani como un “acto extremo de violencia laboral contra una funcionaria judicial de menor jerarquía, cuya salud psicofísica ya se ha visto severamente afectada a raíz del episodio”, así como una violación a la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Expucci ya no trabaja más en los Tribunales de Comodoro Py.
Si bien la denuncia pedía su remoción por “mal desempeño”, esta alternativa fue descartada en el dictamen de la consejera Brizuela y Doria. En esta decisión, se tuvo en cuenta en cuenta el contexto en el que desarrollaron los hechos, que el accionar de Gemignani fue “una conducta aislada”, y que el camarista fue sobreseído en sede penal por la Cámara Federal el año pasado por este episodio. Esto fue cuestionado por la representante del gremio de los judiciales, quien destacó que debía separarse ese sobreseimiento en sede penal del proceso de juicio político en el Consejo.
Como la denuncia está próxima a cumplir tres años en julio próximo, si no avanzaba en la Comisión, iba camino a ser archivada, detalla Infobae. En la anterior conformación del Consejo, se lo notificó en 2016 de la apertura de la investigación y el magistrado presentó dos descargos por escrito, pero la citación no prosperó. “Había intención de protegerlo”, admitieron fuentes del Consejo.
El tratamiento del dictamen tuvo como telón de fondo una convocatoria de la Mesa de Mujeres de UEJN a los/las trabajadores judiciales, para hacerse presente en la reunión de la Comisión y reclamar a los consejeros que “tomen decisiones que no dejen lugar a dudas de que ninguna forma de violencia contra la mujer será tolerada por la Justicia argentina”.
En un comunicado sostuvieron que “el comportamiento inaceptable de Gemignani hacia las empleadas, funcionarias y magistradas de la Cámara en que se desempeña, exhibe su ineptitud para dar cumplimiento con los mandatos de igualdad y no discriminación de jerarquía constitucional que requiere su función: quien no puede prodigar un trato igual hacia sus colegas, menos lo hará en el contexto de las resoluciones jurisdiccionales en las que deba fallar”.
En diálogo con Infobae, el actual presidente de Casación volvió a defender su actuación, y ratificó que actuó “conforme a derecho” por entender que la prosecretaria había “desautorizado una orden” e “intentado encubrir” la existencia de esos bienes que depositados en la sala de audiencia. Según entendió, como funcionario judicial, estaba “obligado a proceder a la aprehensión de la persona que estaba cometiendo un delito y ponerla a disposición del juez de turno”. También destacó que nunca ordenó que quedara incomunicada. En su descargo, negó que su accionar “haya sido motivo por cuestión de género alguna”.
El camarista destacó su denuncia contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su colega de Casación Ana Figueroa por “dádivas, peculado, y malversación de caudales públicos”, por la recepción “irregular” de esos equipos y mobiliario. Y lamentó que “la Cámara Federal le solicitó a Martínez De Giorgi que los investigue, hace más de un año y el juez no hace nada”. En el expediente, el ex ministro fue sobreseído, pero esa decisión fue revocada por la Cámara luego de la apelación de la Oficina Anticorrupción.
Otra coyuntura y un nuevo hecho
¿Por qué el Consejo no citó anteriormente a Gemignani por el Artículo 20 del Reglamento de Acusación y Disciplina, y esta vez sí la Comisión avanzó?, remarca a modo de cuestionamiento Infobae.
La respuesta quizás haya que buscarla en dos motivos. Por un lado, en el nivel de sensibilización que las denuncias por violencia de género generaron en distintos ámbitos de la sociedad, incluida la Justicia, donde por ejemplo no había habido antes una manifestación en el Consejo contra Gemignani reclamando contra la violencia sobre la mujer en la Justicia.
Por el otro, se sumó un nuevo episodio en marzo de este año en el que el camarista echó a su colega Liliana Catucci de una reunión de acuerdo de la Cámara. Según testigos, Gemignani le dijo que se fuera a los gritos, acusándola de estar en connivencia con un policía sumariado, y enojado por la no designación de una funcionaria cercana a él en un cargo de mayor jerarquía. El magistrado negó, sin embargo, haber levantado la voz, y aseguró que la decisión de pedirle a Catucci que se retirara fue conjunta con sus colegas, algo que no fue corroborado por estos.
Este nuevo enfrentamiento con una magistrada le valió una ampliación de denuncia por parte de la UEJN, que ingresó al Consejo el mes pasado. Se sumó a una presentación de los propios integrantes de la Cámara de Casación al Consejo para que este organismo determine si existió una inconducta por parte del camarista.
En sus dos descargos escritos ante el Consejo, Gemignani defendió su proceder y negó que su accionar pudiera encuadrase en violencia de género. “La conducta que realicé no implicó ni abuso de poder, ni violencia laboral de ninguna naturaleza, y menos aún tuvo origen en cuestión de género alguna”, señaló.
Tras recordar que no tuvo ninguna sanción antes como magistrado, Gemignani pidió que se desestime la denuncia.
“Sin perjuicio de estar convencido que actué conforme a derecho, si se llegara a entender lo contrario, dado que no estamos en presencia de una ciencia exacta, ello no puede conducir a sanción alguna, puesto que de lo contrario, los jueces -aún equivocados- se encontrarían expuestos a su destitución por el contenido de sus fallos o de sus decisiones”, concluyó.
Los hechos por los que se lo acusó
El 28 de julio de 2016 –durante la feria judicial de invierno – Gemignani, en su carácter de presidente interino de la Cámara de Casación, le solicitó a Expucci, prosecretaria la Sala I de ese cuerpo, que haga un inventario de las cajas con equipos y mobiliarios que estaban arrumbados en la sala de audiencias del Tribunal. Su contenido eran plasmas y computadoras del plan “Argentina Conectada” del Ministerio de Planificación Federal.
La secretaria puso reparos a cumplir con la orden y solicitó que se le informase en el marco de qué causa se había ordenado ese inventario, si la feria judicial se había habilitado a ese efecto y si se habían convocado testigos. También pidió avisarle al camarista Eduardo Riggi -su superior inmediato- para obtener su autorización porque entendía que esa tarea excedía sus funciones.
Gemignani entendió esa respuesta como una desobediencia, le ordenó a dos policías que la detengan y presentó una denuncia penal contra la funcionaria por “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Expucci estuvo detenida e incomunicada por una hora y media en una garita en las cocheras de los Tribunales de Comodoro Py, hasta que el juez federal de turno, Martínez De Giorgi, dispuso su libertad.
Este magistrado, en consonancia con lo que dictaminó el fiscal Juan Pedro Zoni, sobreseyó a la secretaria por entender que solo hubo una desobediencia a una orden administrativa, y que ese delito no implicaba pena prisión, por lo que no cabía la aplicación de la figura de flagrancia.
Este pronunciamiento de Martínez De Giorgi fue objetado por Gemigniani tanto en sede penal, como ante el Consejo. Según su punto de vista, Expucci habría cometido el delito de “atentado y resistencia contra la autoridad”, que tiene una pena de 15 días a un año.
En el dictamen aprobado se argumenta que, aún en el caso de que Gemignani hubiera creído Expucci estaba cometiendo “un delito flagrante” -que ameritaba su inmediata detención por parte de efectivos policiales sin orden judicial-, “carecía de competencia material” para dictar esa orden como juez de la Cámara de Casación, y que bastaba con informar al juez federal de turno para que dispusiera las medidas necesarias. Asimismo, se destaca que la negativa de la prosecretaria a cumplir su orden no obstaculizó el inventario de bienes que buscaba realizar.
Sin embargo, el camarista insistió en que debía tenerse en cuenta que él ordenó el inventario porque consideraba que los equipos y mobiliario depositados en la sala de audiencias eran “producto del delito de cohecho o malversación dolosa”. Sostuvo que habían sido donados “en forma irregular” por un funcionario del Poder Ejecutivo -Julio De Vido, entonces ministro de Planificación- al Poder Judicial, y recibidos “sin la debida autorización” por su colega de la Cámara de Casación, Ana Figueroa, a la que denunció por ese hecho, junto al ex ministro.
El camarista interpretó en su descargo que la actitud de Expucci “no se trató de una desobediencia típica y flagrante, sino que se ajustó a su compromiso con un hecho ilícito más grave”, en relación a una posible dádiva en la que estaba involucrado De Vido.
Acumulación de expedientes
Martínez De Giorgi no solo sobreseyó a Expucci del posible delito de encubrimiento por el que la denunció Gemignani, sino que entendió que lo que sí merecía ser investigado era la actuación del propio camarista, por lo que remitió copia de la causa al Consejo de la Magistratura.
En paralelo, Expucci denunció a Gemignani por “privación agravada de la libertad”. En este expediente, la fiscal Ochoa consideró que la orden de detención “excedió arbitrariamente el ejercicio de las funciones propias de su competencia” y lo encuadró en el delito previsto en el artículo 144 bis del Código Penal, que prevé una pena de uno a cinco años de prisión para el funcionario “que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, prive a alguien de su libertad personal”. Asimismo, también envió copia de la causa al Consejo de la Magistratura para que investigue a Gemignani.
Bajo esta acusación, revela Infobae, Ochoa pidió la indagatoria del camarista, pero nunca llegó a concretarse porque Gemignani la recusó y pidió su sobreseimiento. La Sala I de la Cámara Federal lo sobreseyó el 13 de agosto del año pasado, antes de que el juez de primera instancia, Rodolfo Canicoba Corral, completara la instrucción y citara al magistrado denunciado.
La Cámara consideró que el camarista “no tuvo el propósito de abusar de su poder” al ordenar la detención de Expucci, sino que actuó con “un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber”, y descartó que Gemignani hubiese obrado dolosamente con el fin de privarla ilegítimamente de la libertad. Sin embargo, dispuso la intervención del Consejo ante una posible inconducta.
En esta causa, llamativamente, el 9 de abril último, Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva a los dos policías que intervinieron en la detención de Expucci. Los acusó del delito de privación ilegal de la libertad y, a su vez, envió copia de esa resolución al Consejo para que la incorpore al expediente abierto contra Gemignani.
Nuevas presentaciones por Catucci
Al expediente abierto por la detención de la secretaria, se le agregó el 22 de abril último una ampliación de la denuncia del gremio de los Judiciales por el trato de Gemignani hacia la camarista Catucci. Fue luego que se conociera que la echó “indebidamente” -y a los gritos- de la reunión de acuerdo del 26 y el 28 de marzo, según dejaron asentado por escrito sus colegas de Casación.
El secretario general de la UEJN calificó este nuevo hecho como “una manifestación más de desprecio y violencia hacia las mujeres” por parte de Gemignani, y reiteró el pedido remoción por “abuso de autoridad, abuso de poder y violencia de género”.
Si bien inicialmente se agregó al expediente que lleva la consejera Brizuela y Doria, en la reunión de la Comisión de Acusación del jueves pasado se votó su desglose y trámite por separado. Esto implicó que no le corren los tres años para su vencimiento, como a la denuncia original de la UEJN por la orden de detención contra la secretaria.
El hecho relacionado a Catucci fue a su vez analizado por la Cámara de Casación Federal. Seis de sus integrantes propusieron remover a Gemignani de la presidencia de este Tribunal por considerar que “no reúne las condiciones para representar a ese cuerpo y ejercer adecuadamente el gobierno de la jurisdicción”.
La otra mitad votó por exhortar al magistrado a evitar comportamientos como el que tuvo con Catucci, quien fue “indebidamente excluida por decisión del Sr Presidente, quien se dirigió a la mencionada magistrada en términos inapropiados y con señalamientos de haber incurrido en conductas irregulares”.
En simultáneo se acordó comunicar la decisión al Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone el artículo 3º del Reglamento de la Comisión de Acusación que establece que los Tribunales de Superintendencia deben informar al Consejo de una falta disciplinaria por parte de un magistrado o causal de remoción. Finalmente, con el desempate del presidente de Casación, Carlos Mahiques, prevaleció esta última opción.
A partir del escrito enviado por los miembros de Casación al Consejo el 15 de abril pasado, se formó una nueva denuncia que fue sorteada y asignada al consejero juez Alberto Lugones.
Es muy factible que la ampliación de la denuncia de Piumato por el hecho de Catucci se acumule con esta última.