El Comité contra la Tortura de la ONU hizo observaciones sobre “detenciones masivas” y “violencia desproporcionada policial” en la Argentina
El Comité contra la Tortura de la ONU emitió un informe contundente sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, con foco en el trato a las personas privadas de libertad y en los operativos policiales durante protestas públicas. El organismo instó al Estado a “tomar medidas necesarias para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y la violencia desproporcionada” por parte de fuerzas de seguridad.
Además, el Comité advirtió que el Estado debe investigar sin demoras, de manera independiente e imparcial, todas las denuncias de violencia institucional en el marco de manifestaciones y sancionar a los agentes responsables cuando corresponda.
El informe —al que accedió Tiempo Argentino— se elaboró en el marco del 83° período de sesiones de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Durante las consultas realizadas en Ginebra, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, respondieron sobre la situación argentina a partir de informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
En su exposición en Suiza, Baños —exjuez— cuestionó a los organismos de derechos humanos del país y volvió a poner en duda la cifra histórica de 30 mil detenidos-desaparecidos, afirmando que “pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, en línea con la postura del gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, el Comité fue categórico: observó deficiencias en el derecho de las personas detenidas a ser informadas sobre las razones de su arresto, especialmente en procedimientos policiales sin orden judicial. Según el organismo, estas prácticas afectan de manera particular a niños, personas en situación de calle, trabajadores sexuales y personas con padecimientos de salud mental.
También alertó sobre violencia policial desproporcionada, uso excesivo de la fuerza durante arrestos y detenciones masivas en operativos preventivos, con ejemplos en barrios populares de Tucumán y en acciones de “orden y limpieza” en CABA y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
Lugares de detención: falencias estructurales
El Comité señaló falta de independencia en los exámenes médicos al ingresar a centros de detención, ausencia de un sistema unificado de registro de personas privadas de libertad y detenciones prolongadas en comisarías por más de seis meses e incluso más de un año.
Pidió, además, grabar todos los operativos policiales en protestas y garantizar que los organismos independientes tengan acceso a esas imágenes.
Asimismo, exigió al Estado argentino continuar investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, preservar archivos estratégicos y garantizar reparación integral para todas las víctimas de tortura y malos tratos.