El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos denunció un ataque institucional y violencia política contra su presidenta
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió enérgicamente lo que calificó como un “ataque institucional, digital y moral” contra su presidenta, María Marta Simón, en respuesta a un reciente comunicado emitido por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.
A través de una declaración pública, la entidad colegiada reafirmó que su accionar responde exclusivamente a la defensa del ejercicio profesional de sus colegiados y a la promoción de una administración de justicia conforme a la ley. En ese sentido, explicó que las observaciones realizadas sobre la aplicación de la Ley N.º 11.141 tienen por objetivo asegurar una retribución justa y equitativa para los abogados y abogadas, y que tales manifestaciones no pueden interpretarse como formas de coacción o presión.
En el comunicado, el Colegio manifestó su preocupación ante lo que considera dos hechos de “suma gravedad institucional y personal”. El primero es la recepción de una nota institucional con tono intimidante, dirigida a la presidencia y al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y graves, tales como supuestos “aprietes” a jueces, coacción agravada y violencia simbólica, además de anticipar una posible denuncia ante el Tribunal de Disciplina.
El segundo hecho denunciado es la difusión coordinada de esa nota en medios digitales con línea editorial afín, en los cuales se reprodujo el contenido acompañado por la imagen personal de la presidenta del Colegio, junto con títulos que el Colegio calificó de agraviantes, como: “¡Escándalo institucional!”, “Habría incurrido en faltas éticas graves” o “Apriete a jueces”.
Para el Colegio de la Abogacía, se trata de una “operación de desprestigio” con alto impacto público, que representa una forma de violencia moral, simbólica y política por razones de género, dirigida a disciplinar y silenciar la voz institucional de una mujer que ocupa un rol de liderazgo.
“Esto no es una mera diferencia de opiniones —sostuvieron—, sino un intento de censura que atenta contra el libre ejercicio gremial, la libertad de expresión institucional y el derecho al honor y al trabajo de una profesional del derecho”.
Ante esta situación, el Colegio advirtió que, si los ataques personales e institucionales continúan, se tomarán todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para proteger la integridad y el rol de sus autoridades, legítimamente electas.
La institución recordó que tiene plena legitimación legal para formular observaciones sobre prácticas que afecten el ejercicio de la profesión. En este caso, remarcaron que la nota enviada a los jueces fue una acción legítima de defensa institucional frente al incumplimiento reiterado de la Ley N.º 11.141, que regula los honorarios profesionales en la provincia. Esta norma, subrayaron, fija parámetros mínimos obligatorios y tiene un claro componente social al garantizar una compensación justa para quienes trabajan en la administración de justicia.
Según lo consignado por el medio colega ANÁLISIS, además, enfatizaron que las notas presentadas no desconocen los derechos de los magistrados, sino que apuntan a visibilizar irregularidades en la regulación de honorarios y evitar el dispendio jurisdiccional que conllevan las resoluciones mal fundamentadas. “La correcta aplicación de la ley no es una opción interpretativa, sino una obligación para todos los operadores del derecho”, afirmaron.
La declaración finaliza ratificando el compromiso del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos de defender con firmeza los derechos y la dignidad de la profesión, con el respaldo del consejo directivo y todas las secciones de la provincia.