El chofer de los cuadernos se opone a ir a juicio
Mientras esta semana Cristina Kirchner pidió ir lo “antes posible” a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas, el primer imputado colaborador en ese expediente, se opuso a ir a esa próxima instancia. Se trata de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, responsable de los ocho cuadernos que le dieron origen al caso. Su defensor oficial sostuvo que está procesado como miembro de la asociación ilícita en función de cómo realizó su confesión, pero que su calificación debería ser inferior, por su rol en la maniobra investigada.
“Oscar Centeno no era un hombre de confianza de la organización para ocuparse por sí mismo y en soledad de recibir y entregar los bolsos”, indica el defensor oficial de Centeno, Gustavo Kollmann, en el escrito presentado ante el juez Claudio Bonadio. Con este argumento, entre otros, pide el sobreseimiento del ex chofer de Baratta y que no sea enviado a juicio oral acusado como parte de la asociación ilícita.
En este expediente, Bonadio determinó que hubo una “asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales”, comandada por Cristina Kirchner como jefa de la “organización criminal”.
Para cumplir con ese objetivo, “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional. Para eso se recurrió a la utilización de distintos vehículos oficiales, asignados a dependencias estatales, que eran utilizados en el circuito diagramado para la recolección del dinero facilitado por los privados”. Uno de esos vehículos eral de Centeno.
En este marco, y después que el fiscal Carlos Stornelli pidió que todos los acusados vayan a juicio oral, el abogado del chofer se opuso a ir al debate, pidió su sobreseimiento y se quejó de la calificación adjudicada en el expediente. “Esta investigación ha contado con un elemento de prueba esencial el relato de quien fuera el chofer de Roberto Baratta, el señor Centeno, que reviste la condición de imputado colaborador y se ha requerido su presencia en el debate en carácter de integrante de la asociación ilícita”, explica el defensor oficial.
Para Kollmann, la causa contó con un avance “cuantitativo y cualitativo a partir del relato del chofer, siendo indistinto el modo en el que aquél llegó a manos de los investigadores”. Entonces indicó que Centeno fue arrestado al comienzo y se mantiene como imputado “y no como testigo, denominación que más se asemeja a la realidad de los hechos”.
El defensor admite que el “estado de sospecha que pesó sobre Centeno desde inicios de la investigación se debió a que mantuvo ocultos sus conocimientos sobre aquello que vivenció, hasta el día que fue aprehendido”. Pero esa situación cambió.
“Centeno no era un hombre de confianza de la organización como para ocuparse por sí mismo y en soledad de recibir y entregar los bolsos”, resaltó. Y recordó que hubo otros choferes en la causa que vieron situaciones similares a las que registró Centeno en sus ocho cuadernos, “que no han sido detenidos y tampoco se encuentran sujetos al proceso lo que a esta altura nos lleva a cuestionar justamente esto: el hilo conductor entre el actuar de Centeno y la conducta ilícita”.
En tanto, el ex secretario de Obras Públicas e imputado colaborador en la causa, también defendido por Kollmann, pidió que se tenga en cuenta el planteo sobre la calificación de López, que quedó procesado como organizador de la asociación ilícita y a la fecha es un “arrepentido” más en el expediente.
En el escrito ante el juez Bonadio, el representante de José López afirma que “las conductas que se le reprochan no deben juzgarse por separado y en tal sentido la afectación a la causa cuadernos y conexas”, como la investigación por enriquecimiento ilícito en el que tiene condena pero no confirmada aún. El abogado remarcó que “no está demostrado que” los 9 millones de dólares que López buscó esconder en el convento de General Rodríguez “hayan ingresado a su patrimonio, y existen pruebas e indicios más que concordantes que dicho dinero podría ser parte de aquél que provenía de los retornos por la obra pública y que Daniel Muñoz estaba intentando ocultar de diversas formas”.