El celular de Alberto Fernández también se analizará para la causa de los seguros
La justicia federal argentina se encuentra ante una situación sin precedentes al tener en su poder el teléfono celular del ex presidente Alberto Fernández desde hace una semana. El dispositivo será sometido a una pericia por orden del juez Julián Ercolini, inicialmente en el marco de una causa por violencia de género, pero ahora también podría aportar información crucial para otra investigación sobre presunta corrupción en el caso de los seguros.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo del expediente por violencia de género, busca determinar si Fernández violó las medidas restrictivas impuestas al comunicarse con la ex primera dama los días 6 y 7 de agosto, pese a tener prohibido cualquier tipo de contacto.
Por otro lado, el fiscal Carlos Rívolo, que investiga presuntos hechos de corrupción relacionados con 45 contratos entre organismos estatales y Nación Seguros, ha solicitado que cualquier información relevante encontrada en el celular sea incorporada a su causa. En este caso, Fernández está imputado por una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a los organismos estatales nacionales a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esto habría habilitado la participación de intermediarios en estos contratos, generando comisiones por un total de 3.453.302.77 pesos (aproximadamente 17 millones de dólares al cambio oficial) durante su presidencia.
Entre los imputados también se encuentran Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria de Fernández, María Cantero. Según una auditoría, Martínez Sosa habría sido el intermediario que percibió las mayores sumas, principalmente en relación con los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad.