En un comunicado titulado “Trabajar hasta morir: Frigerio presenta una reforma jubilatoria con la edad más alta del país”, referentes de Alternativa Estatal y Alternativa Docente en el MST en el Frente de Izquierda Unidad cuestionaron con dureza el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.
Las organizaciones denunciaron que se trata de “un proyecto de reforma jubilatoria que retrocede 100 años” y afirmaron: “Fiel alumno de Milei, anticipa un ataque más a nuestros derechos”, en alusión al gobernador Rogelio Frigerio.
Cuestionamientos al diagnóstico oficial sobre la Caja
Según el texto, “la reforma previsional impulsada por Frigerio busca consolidar un brutal plan de ajuste y saqueo contra las y los trabajadores de Entre Ríos, en sintonía con las políticas nacionales de Milei”.
En ese marco, sostienen que “hace años que la crisis previsional se traslada a las espaldas de los jubilados y trabajadores”, con diagnósticos “arbitrarios” sobre las causas del déficit y “políticas hambreadoras” sobre los salarios que “desfinancian directamente” la Caja de Jubilaciones.
El comunicado remarca que el gobierno provincial argumenta que la Caja tiene un déficit crónico por una relación “matemáticamente insostenible” entre activos y pasivos, y por el aumento de la expectativa de vida, lo que justificaría modificar las condiciones jubilatorias.
Frente a ello, las agrupaciones responden: “Esto es una nueva mentira deliberada del gobernador y su séquito”. Atribuyen la desfinanciación a “múltiples causas, algunas históricas como las deudas nacionales con la provincia o la quita de aportes patronales”, además de una “política sostenida de miseria salarial” que, afirman, Frigerio “no hizo más que profundizar”.
También cuestionan que se mantengan “paritarias a la baja, pagando sumas fijas o montos en negro que no realizan aportes al sistema previsional” y que se sostenga “la precarización laboral como forma de ingreso al Estado”.
En esa línea, plantean que, si el gobierno quisiera resolver el déficit, debería “combatir el trabajo precarizado dentro del propio Estado, blanquear los salarios para capitalizar la Caja y aumentar los míseros sueldos”, en lugar de “volver a recortar los derechos de los jubilados y a atacar los derechos de los trabajadores activos”.
Edad jubilatoria: “trabajar hasta morir”
Las organizaciones advierten que el proyecto de ley “unifica progresivamente los requisitos en 65 años de edad y 35 años de aportes tanto para varones como para mujeres a partir de 2031”, y que además “eleva la edad a 68 años para los nuevos ingresantes al sistema previsional”.
Califican esta modificación como “un ataque directo a los derechos conquistados, con una saña particular hacia las mujeres trabajadoras (a quienes se les aumenta la edad por 8 años) y condenando a la juventud a ingresar a un esquema previsional esclavista”.
En ese sentido, sostienen que “llevar la edad a los 68 años, edad que competiría con las jubilaciones más altas del mundo, implica obligar a trabajar hasta los últimos años de vida, eliminando la posibilidad de un retiro digno y merecido”.
El comunicado subraya que este “ataque a nuestro tiempo ganado de disfrute” tiene “un brutal sesgo de género”, ya que al unificar las edades jubilatorias “no reconoce el trabajo de reproducción social que recae en las mujeres y que, por lo tanto, se suma a nuestro desgaste y explotación”.
Aportes extraordinarios y críticas a la emergencia previsional
Otro de los puntos cuestionados es la facultad que otorga el proyecto al Ejecutivo provincial mediante la declaración de la emergencia previsional.
Según el texto, “la reforma de Frigerio da una discrecionalidad absoluta al Poder Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia previsional” y “habilita la imposición de aportes extraordinarios a los afiliados activos y pasivos para paliar ‘desequilibrios financieros’”.
Las agrupaciones sostienen que así “se penaliza doblemente a los estatales, docentes y personal de salud”, dado que, mientras los salarios provinciales “se encuentran pulverizados frente a la inflación y la canasta básica real”, la medida implica “una quita directamente del bolsillo de las y los trabajadores”.
En contraposición, plantean que “la base de la solidaridad del sistema no debe salir de nuestros míseros sueldos, sino de aplicar impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y a los sectores más ricos de la provincia, como el agronegocio, que encima hoy tienen cada vez más beneficios”.
Regímenes especiales y condiciones de trabajo
El comunicado también rechaza la propuesta oficial de revisar y endurecer los regímenes especiales, como los de docentes o sectores insalubres.
Señalan que “la reforma propone revisar y endurecer los regímenes especiales (como los de docentes o sectores insalubres), obligando a quienes se jubilen ‘antes’ a seguir aportando (19%) hasta cumplir la edad del régimen general”.
Para las organizaciones, esto “ignora por completo las condiciones de insalubridad y riesgo psicofísico a las que están expuestos los trabajadores de primera línea (salud, educación, etc.) y para los cuales fue justamente pensado”.
Advierten que “forzar la extensión de la vida laboral en áreas de alto desgaste destruye la salud del trabajador y precariza la calidad de los servicios públicos esenciales”.
El 82% móvil bajo la lupa
Otro eje central del rechazo es el impacto sobre el histórico 82% móvil garantizado en la Constitución entrerriana.
Las agrupaciones recuerdan que “una de las piedras en el zapato de los gobiernos que han querido ir por la Caja ha sido siempre que nuestro 82% está garantizado en la constitución entrerriana, eso hace que, salvo constituyente de por medio, no se pueda tocar”.
Sin embargo, sostienen que el proyecto encuentra un camino indirecto para reducirlo: “El proyecto de reforma propone entonces que, en vez de contar los salarios de los últimos 10 años, se tomen en consideración los de los últimos 20 años. Esto hace que, de hecho, los montos de las jubilaciones bajen violentamente. Sí, es el 82%, pero de un promedio bajísimo”.
Definen esta modificación como “un escándalo a medida de los ladrones que gobiernan” y acusan al gobernador de haber “encontrado la forma de bajarlo” pese a la protección constitucional.
Cuestionamientos a sindicatos y legisladores
En el tramo final del comunicado, Alternativa Estatal y Alternativa Docente afirman que “esta reforma los pinta de cuerpo entero: no les importa la salud, la educación ni las condiciones de trabajo, ni los trabajadores”, y que el objetivo del gobierno sería “destruir nuestras conquistas históricas y transformar nuestra provincia y país para beneficiar a unos pocos parásitos empresariales”.
En esa línea, califican como “criminal” la actitud de los sindicatos UPCN, Suoyem y UDA, a los que acusan de haber “salido a defender este proyecto” y de intentar convencer a los trabajadores de que, gracias a su “sumisión” con Frigerio, se habrían logrado avances.
También cuestionan el apoyo de “los díscolos del peronismo” que, según señalan, ya anunciaron que acompañarán la iniciativa.
Mencionan en particular a Ángel Allende, secretario general de UPCN, exdiputado provincial del peronismo, a quien describen como “histórico dirigente implicado en actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas y aprietes”.
Según el comunicado, Allende declaró que el gobierno provincial de Rogelio Frigerio “cuenta con los votos necesarios” y sostuvo que lo más “importante” es “sentarse a dialogar y discutir”, en lugar de “hacerse los cocoritas en las calles”.
Por otro lado, señalan que Mirta Raya, de UDA, describió como “justo y necesario” el debate sobre la reforma, al que las agrupaciones atribuyen la intención de “castigar a los trabajadores”. Según el texto, Raya recomendó “llevar tranquilidad a los docentes” y apuntó contra los sectores en lucha “porque sembraron pánico”.
Asimismo, indican que representantes de Suoyem, como Fernando García, “celebraron la convocatoria del Gobierno ‘al diálogo’”.
En el plano legislativo, el comunicado advierte que, si la reforma se aprueba, “no es sólo por la burocracia sindical, sino por legisladores peronistas cómplices”, y menciona a Gladys Domínguez, senadora del PJ por el departamento Feliciano, y a Nancy Miranda, senadora del PJ por el departamento Federal.
Llamado a la organización y al plan de lucha
Frente a este escenario, las agrupaciones sostienen que “para frenar este saqueo es importante organizarse bajo un plan de lucha y con movilización que desborde la burocracia y dirigencia peronista traicionera”, a la que acusan de haberse alineado “detrás del plan de ataque de Frigerio y Milei” y de trabajar “para descomprimir la tensión y la bronca social”.
Desde Alternativa Estatal y Alternativa Docente en el MST en el Frente de Izquierda Unidad afirman que “es posible enfrentar este ataque de Frigerio y sus cómplices” y llaman a impulsar medidas desde los lugares de trabajo.
En ese sentido, plantean: “Necesitamos que en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada repartición, hagamos asambleas y votemos un plan de lucha que paralice la provincia hasta que hagamos retroceder al tránsfuga de Frigerio y a los entregadores seriales de la burocracia sindical”.
Finalmente, destacan que “las multitudinarias marchas demostraron que el pueblo rechaza esta estafa y que está dispuesto a luchar” y concluyen con un llamado a no desperdiciar esa fuerza, convencidos de que “podemos ganarla”.
Fuente: APF Digital
