La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa fue aprobada por 143 votos afirmativos, con 71 negativos y 3 abstenciones, tras más de una hora de debate en el recinto.
El proyecto, que tendría un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, establece medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Desde el oficialismo, acusaron a la oposición de demagogia y señalaron que el presidente Javier Milei vetaría la norma, al igual que otras iniciativas como el aumento a jubilaciones.
Impulsado por el diputado Daniel Arroyo, el texto aprobado propone reforzar las pensiones no contributivas por invalidez, actualmente fijadas en $213 mil, que pasarían a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio. Estas pensiones serían compatibles con el empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, se contempla que el Ejecutivo pueda otorgar aumentos adicionales, según el grado de invalidez o condiciones geográficas desfavorables.
La propuesta también responde a demandas históricas del sector, proponiendo el fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral establecido por la Ley 24.901, que incluye a hogares, centros de día, escuelas, terapeutas y transportistas. Muchos de estos prestadores vienen reclamando actualizaciones en los aranceles, que no han acompañado la inflación.
Para responder a esta problemática, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles según el IPC informado por INDEC y una compensación de emergencia por las diferencias entre la inflación acumulada en 2024 y los incrementos otorgados en ese período. El objetivo es evitar que personas con discapacidad queden sin apoyo profesional debido a sueldos bajos o demoras en los pagos.
El proyecto también incluye un régimen de regularización fiscal para los prestadores, que contempla condonación de intereses, multas y sanciones, y la refinanciación de deudas fiscales y de seguridad social.
Otro aspecto relevante es el financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas relacionados con salud, accesibilidad, inclusión y prevención, además del compromiso de garantizar recursos para implementar la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad.
Durante el debate, La Libertad Avanza ratificó su rechazo a la medida. Legisladores de ese bloque criticaron la falta de claridad en el método de financiamiento, que —según advirtieron— podría comprometer el objetivo del Gobierno de mantener el déficit fiscal en cero.
La diputada Emilia Orozco, de Salta, arremetió contra el kirchnerismo, al acusarlo de haber utilizado la discapacidad como un “curro”, aludiendo a que muchas pensiones otorgadas en gestiones anteriores no corresponderían a diagnósticos válidos de invalidez.
A pesar de las diferencias políticas, quienes respaldaron el proyecto coincidieron en que la emergencia no resuelve de fondo los problemas estructurales del sistema. El diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, sostuvo que esta ley es apenas “un primer paso para atender los reclamos del régimen de discapacidad”.
En la misma línea, la diputada Soledad Carrizo (UCR) llamó a profundizar el debate y pidió que se aborde el tema con respeto, advirtiendo al Ejecutivo que no agrave el conflicto: “No rieguen el fuego con más nafta”, expresó, en referencia a la falta de medidas concretas para aliviar la situación crítica que vive el sector.
