La Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género de la Cámara de Diputados consensuó este miércoles el dictamen del Protocolo Específico para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral con Motivo de Género.
El nuevo reglamento establece procedimientos para la prevención, el asesoramiento y el abordaje de situaciones de acoso o maltrato en el ámbito de la Cámara, y se ajusta a convenios internacionales en la materia.
Según se informó, la normativa busca garantizar espacios de trabajo seguros con perspectiva de derechos humanos, alcanzando a todo el personal vinculado al cuerpo legislativo, sin distinción de jerarquía ni modalidad de contratación.
Definición de violencia laboral y alcance del protocolo
El texto define a la violencia laboral como “toda acción, omisión o comportamiento que afecte la dignidad, la salud o las condiciones de trabajo, incluyendo explícitamente el acoso sexual y la violencia digital”, según quedó plasmado en el dictamen consensuado.
En ese marco, se establece que la reglamentación rige para la totalidad de quienes se desempeñan en la Cámara de Diputados, ya sea en planta permanente, transitoria, contratada u otras modalidades de vinculación laboral.
La Comisión Especial, a cargo de la diputada Carolina Streitenberger, fue la encargada de conducir el proceso de elaboración y acuerdo del texto final, que ahora quedó listo para su elevación al pleno del cuerpo.
Medidas de protección y confidencialidad
Entre las medidas de resguardo, el protocolo contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o de su horario de trabajo cuando resulte necesario para proteger su integridad.
Además, se establece que todas las actuaciones serán confidenciales y se regirán por los principios de no revictimización y reserva de la identidad de quien denuncia, con el fin de evitar exposiciones innecesarias y nuevas situaciones de daño.
El documento dispone, asimismo, la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la temática para el personal y las autoridades jerárquicas, con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana de casos.
El área de Personal funcionará como autoridad de aplicación del protocolo, a través de un equipo interdisciplinario que brindará asistencia de primera escucha y orientación a las personas que se acerquen a realizar consultas o denuncias.
Respaldo político y trabajo de consenso
Tras la reunión de la Comisión Especial, la diputada Noelia Taborda destacó el avance institucional que implica la definición del texto final de la normativa.
La legisladora remarcó que el dictamen es fruto de un extenso proceso de diálogo destinado a adecuar la reglamentación a los estándares de derechos humanos vigentes en el plano nacional e internacional.
Sobre el cierre de esta etapa de trabajo en comisión, Taborda subrayó la cohesión entre los diferentes bloques y afirmó: “Fue una reunión de consenso, con una redacción que consideramos la más adecuada para su implementación”, valoró.
