DIÓXIDO DE CLORO: Califican de temerario su uso

“Se puede hablar de un accionar temerario por parte del profesional médico, que prescribió una sustancia química que no demostró ningún beneficio”, dijo a Télam el médico Sergio Saracco. “Están induciendo a utilizar una herramienta no aprobada de manera coercitiva”, agregó la jefa de Toxicología del Hospital Gutiérrez, Elda Cargnel.

Toxicólogos consultados por Télam coincidieron en calificar de “temerario” el uso de dióxido de cloro para tratar la Covid 19, mientras se profundiza la judialización del caso del hombre de 93 años fallecido en el Sanatorio Otamendi, con denuncias promovidas contra la clínica, pero también contra el juez que habilitó la prescripción de la sustancia.

La medida cautelar a la que hizo lugar el juez federal Javier Pico Terrero para que se le administrara a Oscar Jorge García Rúa dióxido de cloro por vía intravenosa, a partir de la prescripción de su médico, llevó este martes a 45 sociedades científicas a pronunciarse en repudio de esta decisión judicial, a avalar el accionar del sanatorio, que se negó a suministrarle la sustancia, y a advertir que es un tratamiento no autorizado por la ANMAT.

“Se puede hablar de un accionar temerario por parte del profesional médico, que prescribió una sustancia química que no demostró ningún beneficio”, dijo a Télam el médico toxicólogo Sergio Saracco.

Integrante del comité científico de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA), el médico mendocino explicó que tampoco cumple con otro requisito básico de cualquier medicamento, que es la “seguridad” por eso “no está autorizada para uso en humanos”.

De allí su utilidad como desinfectante de superficies inertes, porque “si se aplica sobre cualquier estructura que tenga composiciones proteicas -sea un virus, una bacteria o una célula-, las destruye”.

Pero al ser administrado a un organismo vivo “daña del mismo las estructuras orgánicas con las que toma contacto”, como las mucosas en caso de ser ingerido, pudiendo causar “cuadros de esofagitis, gastritis erosiva”, pero también “náuseas, vómitos o diarreas”.

“Si en la necropsia se detecta que hubo hemólisis o metahemoglobinemia, habría una causalidad directa entre suministro de esta sustancia y el compromiso de la oxigenación”, dijo.

Respecto al argumento del abogado patrocinante, en el sentido de que se trata de un compuesto registrado en la ANMAT, Saracco explicó que también lo son sustancias como “la lavandina, la soda cáustica o el silica gel”, que “no se pueden prohibir” por sus múltiples utilidades; pero en todos los casos se trata de sustancias que resultan tóxicas para su ingestión.

Saracco explicó que en el caso de pacientes desahuciados, “puede suceder” que los familiares presionen a los médicos para que le suministre sustancias no autorizadas que parecen “soluciones mágicas”, pero que “terminan siendo un engaño” motorizado por “intereses económicos”.

“Si fuera tan exitoso, ya lo estarían promoviendo o industrializando los laboratorios que no dejarían escapar este negocio”, sostuvo.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez, Elda Cargnel recalcó que además de ser una sustancia “no aprobada como medicamento” y cuya aplicación en pacientes con Covid “no tiene ningún asidero científico”, hay que tener en claro que se trata de “un oxidante y no de un oxigenante”, es decir, que en vez de favorecer la oxigenación, la dificulta.

“Entiendo que la familia está desesperada, pero hay que desalentar este tipo actitudes porque solo conducen a mayor caos, habiendo hoy ya herramientas y experiencia en los médicos de terapia en el manejo de estos pacientes”, dijo.

Cargnel cuestionó además el rol del Poder Judicial, y y cuestionó “con qué aval científico el juez tomó la decisión, habiendo antecedentes de muertos” por la ingesta de esta sustancia.

“Me produce mucha preocupación porque están induciendo a utilizar una herramienta no aprobada de manera coercitiva”, agregó.

Por otro lado, Cargnel se lamentó de que, en estos casos, los médicos y centros de salud tengan que afrontar la amenaza cruzada de demandas por homicidio culposo o desobediencia por no aplicar el dióxido de cloro ordenado por vía judicial pero también, eventualmente después, por haberlo aplicado con resultados negativos.