Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por una causa de enriquecimiento ilícito
El ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou quedó detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo en una causa por enriquecimiento ilícito, se lo acusó de ser “jefe” de una asociación ilícita y por hechos de lavado de dinero. Además, se ordenó la inmediata detención de su amigo y socio, José María Núñez Carmona.
La detención se produjo en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero a las 6 de la mañana, operativo que estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura Naval quienes luego lo trasladaron hasta el edificio principal de esa dependencia.
El argumento central del juez Lijo para detenerlo, plantea la existencia de sus vínculos que “aún persisten con el poder político”. Esto remitiendo al fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña con el que se detuvo al ex ministro Julio De Vido.
En esa resolución, se planteó que atentos a los “riesgos procesales” no corresponde “limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”, sino también ” presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.
En el caso del ex vice, señaló: “existen relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”. Así, refiere el juez al cargo que ocupaba en el Estado Nacional Amado Boudou.
Asimismo, se planteó que otro motivo de la detención es la “complejidad de la maniobra investigada y su significación económica” y que el ex vice y su amigo “poseen la información relevante, los contactos y la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los cuales se los está intimando”.
La semana pasada el fiscal Jorge Di Lello pidió un requerimiento de justificación para que el ex vice explique una serie de inconsistencias en su patrimonio, después de un peritaje contable ordenado por el juez Lijo y que llevó más de dos años hasta su finalización.
La fiscalía, señaló que “hay pruebas suficientes para creer que se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada”. También se determinó que “cuentan con bienes que no pueden justificar con sus ingresos”. Y que aquellas inconsistencias son “diversas y de importante envergadura”.
Otra conclusión que fue determinante tras la finalización del informe pericial, es que el ex vice montó una “ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos”.
Como maniobra medular, para sostener los vínculos entre Boudou y Núñez Carmona y el dinero “de origen ilícito” que hicieron circular en el mercado, la resolución del juez refirió al blanqueo de capitales del socio y amigo del ex vice.
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Núñez Carmona se acogió al régimen fiscal en 2009 e ingresó al circuito legal $ 4.238.900) y U$S 795.000, que convertido a pesos a la cotización de esa fecha (3,81) configuró la suma de $ 7.267.850. Para esto, tuvo que pagar$ 72.678,5 para hacer efectivo el acogimiento al blanqueo.
Esto se reflejó en las Declaraciones Juradas del 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, como también se plasmó en una modificación en su patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a $7.748.007,49. Así, al finalizar ese período; representando un incremento patrimonial cuantitativo del 388,65% en el lapso de un año.
El juez Lijo consideró que Boudou y su amigo “fueron inyectando en el conjunto de sociedades que compartían, ya con apariencia lícita” las sumas de dinero “para aplicarlo a otros destinos con un origen presuntamente legal”.
Este vínculo societario, “no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal que le posibilitara llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público no podía acogerse a dicho régimen”, plantea la resolución.
Entre otras cosas, a Boudou se lo acusa de poner en “circulación en el mercado legal U$S 80.000 de origen ilícito”, a través de su declaración en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal del año 2002, realizada en 2009, sin “justificación de su origen y con la intención de generarle una apariencia lícita a ese dinero”.
En función del requerimiento de justificación, se señaló que el monto total objeto del delito de lavado de activos ascendería a $ 4.238.900 y también a U$S 995.000.