Después de la renuncia de Ferraro, Caputo incorporó sectores fundamentales para la disciplina fiscal y el diálogo con los líderes provinciales
La premisa de excedente fiscal fue reafirmada por el ministro. La construcción pública y la reversión de Ganancias son elementos adicionales del Gobierno para negociar con las provincias.
Con la renuncia de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, el jefe de Economía, Luis Caputo, asumirá todas las Secretarías que formaban parte de la estructura organizativa. Entre ellas se incluyen algunas áreas cruciales para la austeridad que el Gobierno busca implementar, pero que también representan una herramienta para negociar el respaldo de las provincias a las modificaciones incluidas en la ley ómnibus, que tienen como objetivo lograr un superávit fiscal en 2024, y la nueva ley de Ganancias que persigue el mismo objetivo.
Aunque en Economía prefieren evitar la mención de un “súper ministerio”, las influencias que Caputo ha adquirido, al menos para su estrategia fiscal, son significativas. Entre los ajustes detallados en la hoja de cálculo presentada en diciembre, el titular del Palacio de Hacienda contemplaba una reducción de 0,7 puntos del PBI en gastos de capital, donde el área de Obras Públicas desempeñará un papel fundamental. No son pocos los gobernadores e intendentes que expresan su inquietud ante sus interlocutores del Poder Ejecutivo Nacional.
Otro aspecto crucial es el de los subsidios, en este caso para el transporte, un rubro que el ministro esperaba reducir en 0,2 puntos del PBI. Junto con el ajuste en la asistencia a las tarifas de energía, 0,5 puntos del PBI, esperan sumar un recorte de 0,7 puntos del PBI para este año.
Un precedente sobre las subvenciones se dio al comienzo de la gestión de La Libertad Avanza. Ferraro contaba con quedarse con las Secretarías de Energía y Minería, pero el 8 de diciembre, Infobae adelantó que finalmente quedarían bajo la órbita de Economía debido a la necesidad de Caputo de supervisar el ajuste en esas áreas, que tanto problema le causaron al Gobierno de Alberto Fernández.
El plan original de Caputo contemplaba un déficit fiscal de 5,2 puntos del PBI en 2023. Para lograrlo, delineó una estrategia para aumentar ingresos en 2,2 puntos del PBI y eliminar gastos por 3,2 puntos del PBI. Sin embargo, el déficit en las cuentas resultó ser 1 punto mayor de lo esperado, por lo que deberá realizar un ajuste mayor al previsto.
Parte de esa estrategia fiscal se refleja en la ley ómnibus, especialmente en lo que respecta a la disminución prevista en las pensiones, 0,4 puntos del PBI, y el aumento de retenciones, que aportaría ingresos adicionales de 0,5 puntos del PBI. Caputo advirtió que si la normativa no avanza, se reconsiderarán las transferencias a provincias por un monto superior al ya previsto para este año (0,5 puntos del PBI).
En relación con esto, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, comentó: “Algunos de los cambios en la legislación propuestos por el gobierno a través de la ley ómnibus, como el DNU, tienen un impacto directo en el resultado fiscal de este año, mientras que otros no. La clave radica principalmente en las retenciones y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria”.
“Proyectamos que el gobierno puede cumplir con la meta fiscal establecida para este año, pero la discusión se centra en la sostenibilidad política y social de la misma”, advirtió Caprarulo.
Es en este punto donde el ministro de Economía agrega un elemento adicional para negociar con los líderes, además de los fondos destinados a la obra pública y viviendas. En concreto, el consenso entre ambas partes es necesario para la aprobación del proyecto de “Ley de Impuesto a los Ingresos Personales”.
La norma podría generar un ingreso adicional al Tesoro de entre el 0,35% y el 0,4% del PBI en 2024. Para las provincias, los fondos adicionales podrían alcanzar casi el 0,5% del PBI después de la disminución en las transferencias automáticas de los últimos meses debido a la última modificación del impuesto a las Ganancias.
El analista de EPyCA Consultores, Alejo Pasetto, consideró que la cartera económica estaría “sobrecargada” debido a la diversidad de áreas que manejaría. “Al mismo tiempo, no estoy seguro de si es el funcionario más hábil para negociar con gobernadores, teniendo en cuenta los recientes desacuerdos públicos”.