El nuevo relevamiento sobre desigualdades en la infancia en Argentina muestra una década de mejoras en varios indicadores, pero confirma un diagnóstico incómodo: el lugar de nacimiento y residencia sigue condicionando fuertemente las oportunidades durante la niñez y la adolescencia.
Las disparidades entre provincias atraviesan los ingresos de los hogares, la educación, la salud y la exposición a situaciones de violencia, con una brecha persistente entre varias jurisdicciones patagónicas y buena parte del norte del país.
Así lo expone el informe “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, elaborado por UNICEF Argentina a partir del Índice Provincial de Niñez (IPN), una herramienta que sintetiza datos oficiales de las 24 jurisdicciones y combina cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia.
El organismo subraya que las condiciones de vida durante la infancia son multidimensionales y que el acceso efectivo a derechos depende de la interacción entre esos factores, más allá del mero ingreso familiar.
Un país, múltiples infancias: el mapa de las brechas
El resultado nacional del IPN 2025 fue de 0,630 en una escala que va de 0 a 1, donde los valores más altos reflejan condiciones relativas más favorables. Detrás de ese promedio, sin embargo, conviven realidades provinciales profundamente desiguales.
Tierra del Fuego, con un índice de 0,820, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 0,809, encabezan el ranking, mientras que Formosa, con apenas 0,349, se ubica en el último lugar del país.
El propio informe remarca que, pese a los avances acumulados en casi todas las jurisdicciones, persisten brechas territoriales de gran magnitud entre los extremos de la tabla.
“Los datos del índice muestran que las diferencias entre provincias no responden a un único factor, sino a una combinación de múltiples factores que influyen sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se observa que las oportunidades no dependen solamente de las condiciones materiales de los hogares, sino también de la calidad de la educación, el acceso a la salud y la exposición a situaciones de violencia”, explicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.
Patagonia en punta, norte rezagado
El mapa elaborado por UNICEF revela una fuerte presencia de la Patagonia entre las jurisdicciones mejor posicionadas. Detrás de Tierra del Fuego y CABA aparecen Neuquén (0,761), Chubut (0,738), Río Negro (0,728), Santa Cruz (0,712) y Mendoza (0,691), todas por encima del promedio nacional.
En el otro extremo se ubican Formosa (0,349), Chaco (0,436), Misiones (0,523), Corrientes (0,537) y Santiago del Estero (0,562), mientras que entre ambos polos se extiende una amplia franja de provincias con valores cercanos al promedio del país.
“Hablamos de brechas territoriales porque estas condiciones no están distribuidas de manera homogénea en las diversas provincias. Mientras que provincias como Tierra del Fuego o CABA muestran resultados elevados en varias dimensiones simultáneamente, otras provincias acumulan desafíos en más de una dimensión”, señaló Waisgrais.
Y agregó: “Estas desigualdades responden, entre otras cosas, a capacidades institucionales desiguales, distintas estructuras productivas y diferentes niveles de acceso a servicios e infraestructura.”
Una década de avances, pero sin achicar distancias
El escenario actual es, al mismo tiempo, el resultado de una década marcada por inestabilidad económica, deterioro de ingresos, pandemia y fuertes presiones sobre los servicios públicos, que condicionaron la implementación de políticas para la niñez.
Aun en ese contexto adverso, el IPN nacional pasó de 0,569 en 2016 a 0,630 en 2025, y 22 de las 24 provincias terminaron el período con valores superiores a los del punto de partida.
La trayectoria fue lejos de lineal: el índice cayó hasta 0,576 en 2023, repuntó a 0,601 en 2024 y alcanzó en 2025 su máximo de toda la serie.
Esa mejora general, sin embargo, no se tradujo en una reducción equivalente de las desigualdades. “Se destaca que, entre 2016 y 2025, en 22 de 24 provincias mejoró el resultado del índice. Sin embargo, esto no equivale a decir que las brechas se redujeron. Las provincias que estaban rezagadas avanzaron, pero las que estaban mejor posicionadas también continuaron mejorando. Como resultado, la distancia entre los extremos sigue siendo amplia”, sostuvo Waisgrais.
El caso de Chaco lo ilustra con claridad: registró el mayor incremento absoluto, al pasar de 0,322 a 0,436, pero aun así permanece dentro del grupo de jurisdicciones más rezagadas.
También mostraron avances significativos Salta, Misiones, Formosa y Entre Ríos, provincias que partían de situaciones delicadas y lograron mejorar varios de sus indicadores, aunque sin romper con las brechas estructurales.
La evolución relativa entre 2016 y 2025 reordenó, además, el mapa provincial. Tucumán escaló cinco lugares, mientras que La Pampa y Córdoba subieron cuatro posiciones en la tabla comparativa.
En sentido contrario, San Luis y la provincia de Buenos Aires retrocedieron siete posiciones pese a haber mejorado levemente sus valores, porque otras jurisdicciones progresaron a mayor velocidad.
La Rioja y Catamarca fueron las únicas dos provincias cuyo índice de 2025 quedó por debajo de los niveles registrados en 2016, lo que enciende una señal de alerta sobre sus trayectorias.
“Las desigualdades territoriales son el resultado de procesos acumulados durante largos períodos. Muchas veces los problemas se refuerzan entre sí: dificultades económicas, rezagos educativos, problemas de salud y situaciones de violencia tienden a concentrarse en los mismos territorios”, advirtió el especialista.
Una agenda federal para cerrar las brechas
Ante este cuadro, UNICEF advierte que el cierre de las brechas no puede descansar solo en políticas provinciales. Plantea la necesidad de una agenda federal con políticas sostenidas y coordinación entre Nación, provincias y municipios.
El informe concluye que la distancia entre jurisdicciones sigue siendo amplia y reclama esfuerzos simultáneos de los distintos niveles del Estado para garantizar derechos básicos de manera efectiva.
Educación y salud, los focos de mayor preocupación
La mejora del índice global esconde recorridos dispares entre sus componentes. En 2025, la dimensión condiciones materiales alcanzó un valor nacional de 0,673, educación se ubicó en 0,477, salud llegó a 0,515 y la dimensión de violencia cerró en 0,854.
Estos números no son porcentajes de cumplimiento, sino posiciones dentro de una escala diseñada para seguir la evolución y comparar provincias en una métrica común, lo que permite detectar retrocesos y avances relativos más allá de los valores absolutos.
La educación aparece como uno de los puntos más críticos del diagnóstico. “La educación aparece como la dimensión más rezagada del índice (menor valor) y una de las que menos progreso mostró durante el período 2016-2025 (-1%). El principal desafío no parece ser únicamente que chicas y chicos estén en la escuela, sino que la escuela logre transformar esa asistencia en aprendizajes de calidad, trayectorias completas y egreso efectivo del nivel secundario. La expansión del acceso escolar es una condición necesaria, pero insuficiente si no viene acompañada por mejores aprendizajes, mayor terminalidad y reducción de las brechas digitales”, afirmó Waisgrais.
Al desagregar la dimensión educativa por territorio, las diferencias vuelven a ser contundentes. CABA y Tierra del Fuego, ambas con un índice de 0,76, lideran los resultados, mientras que Formosa (0,26), Chaco (0,27), Santiago del Estero (0,30) y Misiones (0,33) se ubican en el fondo de la tabla.
Este componente incluye variables como asistencia en edades clave, terminalidad secundaria, aprendizajes y uso de computadoras, con el objetivo de observar no solo el ingreso al sistema escolar, sino también qué ocurre durante toda la trayectoria educativa.
“Es decir, el desafío es garantizar que el origen social o el lugar donde vive un niño no determinen la calidad de la educación que recibe. Cuando existen diferencias persistentes en aprendizajes, acceso a tecnología o finalización de la secundaria, esas desigualdades iniciales terminan reproduciéndose en la vida adulta en forma de menores oportunidades laborales, ingresos más bajos y trayectorias más vulnerables”, agregó el especialista de UNICEF.
La otra gran advertencia se concentra en la dimensión salud. Su resultado nacional de 2025 quedó 19% por debajo del nivel de inicio de la serie, según Waisgrais, y contempla variables como mortalidad infantil evitable, bajo peso al nacer y vacunación.
Neuquén (0,766), Tierra del Fuego (0,724), Jujuy (0,712) y Chubut (0,711) encabezan esta dimensión, mientras que Formosa (0,276), Corrientes (0,356) y Chaco (0,402) muestran los registros más bajos.
“Sin embargo, vacunación es la dimensión que muestra una mayor caída en la serie (-38%). En este sentido, se destaca que sostener y crecer en niveles de vacunación requiere campañas sostenidas, disponibilidad de insumos, confianza de las familias y capacidad de llegar a toda la población”, indicó Waisgrais.
Ingresos en recuperación y menos embarazos en niñas
La dimensión de condiciones materiales mostró, en cambio, una recuperación marcada en el tramo final del período analizado. Este componente reúne la información sobre ingreso familiar per cápita, pobreza monetaria infantil extrema y necesidades básicas insatisfechas.
En esa variable, CABA (0,889), Tierra del Fuego (0,830) y Neuquén (0,818) se ubicaron al tope del ranking, mientras que Chaco (0,426), Corrientes (0,540) y Santiago del Estero (0,551) concentraron los peores desempeños.
El informe aclara, sin embargo, que una mejora generalizada de los ingresos puede elevar el resultado agregado sin eliminar las privaciones estructurales vinculadas a vivienda, infraestructura y servicios básicos, que requieren políticas específicas.
El otro avance extendido se observa en el indicador utilizado para aproximar una dimensión específica de la violencia: el embarazo de niñas menores de 15 años. El promedio nacional alcanzó un valor de 0,854 y mostró una evolución favorable a lo largo de la década.
La medición, de todos modos, debe leerse de manera acotada, ya que no busca representar el conjunto de formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino focalizar en un fenómeno particularmente grave y visible.
“Los avances más visibles aparecen en la dimensión de condiciones materiales y en la reducción del embarazo de niñas menores de 15 años. La dimensión de condiciones materiales muestra una recuperación importante en el tramo final de la serie, impulsada por mejoras en ingresos y una reducción de la pobreza. Por su parte, la dimensión de violencia registra una mejora sostenida a lo largo de la década”, explicó Waisgrais.
Un país que mejora sin cerrar su fractura territorial
Las cifras del IPN exponen una paradoja territorial: Argentina logró mejorar buena parte de sus indicadores de infancia sin acortar sustancialmente la distancia que separa las condiciones de vida de chicos y chicas según la provincia en la que crecen.
El índice busca precisamente evitar una lectura reducida a un simple ranking: una jurisdicción puede mostrar progreso y continuar rezagada frente al resto, mientras otra puede mantenerse en los primeros lugares y aun así deteriorarse en alguna de sus dimensiones.
“El principal desafío sigue siendo garantizar que el lugar donde nace una niña o niño no determine sus oportunidades de desarrollo. El índice muestra que todavía existen diferencias muy importantes entre provincias en términos de educación, salud, condiciones de vida y protección frente a la violencia”, sostuvo Waisgrais.
Y concluyó: “En síntesis, el desafío es lograr que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivamente universales. El índice evidencia que hubo avances y que mejorar es posible, pero también que cerrar las brechas territoriales requiere de políticas sostenidas, coordinación entre niveles de gobierno y una atención constante a las desigualdades que aún condicionan las trayectorias de la niñez y adolescencia en Argentina”.
