La empresa británica Rockhopper ratificó su decisión de continuar con el polémico proyecto Sea Lion, una iniciativa que busca avanzar con la extracción de petróleo en las Islas Malvinas. Al justificar su postura, la compañía planteó que el Reino Unido y las autoridades locales calificaron “las medidas argentinas como ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
Al presentar su informe semestral, la firma británica hizo referencia a la operadora israelí Navitas, remarcando que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.
En su descargo público, la compañía advirtió sobre el contexto actual: “En las últimas semanas, los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política”, afirmó.
En ese sentido, desde la empresa sostuvieron que tanto el gobierno colonial como la administración británica respondieron “de manera consistente y firme”. Además, señalaron que catalogaron las advertencias locales “como ilegítimas y carentes de justificación jurídica, y confirmando el compromiso continuo del Reino Unido de trabajar con el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, para proteger sus intereses”, expresaron.
El respaldo a las licencias y los plazos
El documento también enfatizó que “Navitas, el operador del proyecto, confirmó recientemente que opera conforme a licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, con el pleno y continuo apoyo del Gobierno del Reino Unido”.
En la misma línea, el reporte garantizó el avance del cronograma original y ratificó la continuidad de las obras: “También confirmó que no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su cronograma”, detalló el texto.
Actualmente, Rockhopper cuenta con una participación del 35% en el consorcio, mientras que la operación general está en manos de Navitas. El plan contempla perforar 11 pozos durante su primera fase a principios de 2027, con la meta de iniciar la producción comercial formalmente en el primer trimestre de 2028.
El freno judicial ordenado en Tierra del Fuego
El pronunciamiento de las compañías surge tras el fallo de la Justicia Federal de Tierra del Fuego, que les ordenó suspender de inmediato cualquier maniobra de exploración y explotación en aguas del archipiélago.
La medida fue dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien admitió una cautelar impulsada por excombatientes de la guerra e intimó a las firmas a remitir informes en un plazo de 10 días.
La resolución judicial dictaminó: “Ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, en cuanto de ellas dependa, que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ´León Marino´”, y remarcó la prohibición de cualquier extracción o explotación comercial de hidrocarburos.
