El presidente Javier Milei fue objeto de una presentación judicial tras sus polémicas declaraciones ante alumnos de 4° y 5° año. La acción formal se originó a raíz de los duros términos que utilizó contra la oposición y la prensa durante su intervención escolar, configurando una denuncia penal a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT.
La causa fue radicada por la organización Reset Republicano por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. El expediente quedó asignado formalmente al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.
En los fundamentos del escrito, la entidad advirtió: “El Presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”.
Cuestionamientos legales a la alocución presidencial
Los letrados denunciantes sostuvieron que el mandatario omitió sus obligaciones institucionales al intercalar consignas partidarias. En ese marco, plantearon: “Al hacerlo, omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”.
Asimismo, remarcaron que el jefe de Estado “abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo”, al tiempo que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.
Durante su exposición en la sede de la ORT, el Presidente instó a los estudiantes a manifestarse en contra de los medios de comunicación. Y lanzó ante el auditorio: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”.
Finalmente, la presentación concluyó señalando que el mandatario quebrantó los límites institucionales: “Al usar el aparato de comunicación estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”.
