Denunciaron a la titular de la Aduana por una deuda de US$ 250.000 con una empresa investigada por contrabando
La directora de la Aduana, Rosana Lodovico, enfrenta una denuncia en la Justicia por posibles delitos de cohecho y lavado de activos. La denuncia surge a raíz de un préstamo que tomó en 2022 de una empresa relacionada con el contrabando.
La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, presentó la denuncia, citando “maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana Lodovico”. La denuncia señala que Lodovico y su exmarido, Luis Antonio Bocassi, habrían recibido un “préstamo” de US$ 250.000 de Promarlon SA, empresa vinculada al contrabando, mientras estaba siendo investigada.
Según la denuncia, Alejandro Omar Lucano, cuñado de Lodovico y empleado de la Aduana, estaría involucrado en la obtención del préstamo y en una sociedad con Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. “Lucano sería un eslabón clave entre los jueces federales, la Aduana y quienes intentan beneficiarse”, explica la denuncia.
Lodovico explicó que tomó un préstamo de US$ 250.000 en octubre del año pasado con su exmarido para comprar una casa en Canning. “El resto fue pagado con ahorros”, dijo. Declaró una deuda de 22.145.000 pesos ante la Oficina Anticorrupción, equivalente a la parte de la deuda al tipo de cambio oficial de la época.
La Fundación Apolo, dirigida por el legislador Yamil Santoro, también presentó una denuncia contra Lodovico, acusándola de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. “Rosana Lodovico, directora de Aduanas, tomó junto a su exmarido una deuda de US$ 250.000 con una empresa denunciada por contrabando”, señala la presentación.
La denuncia sostiene que estas acciones “generan un grave descrédito en la ciudadanía” y subraya que “no hay lugar para conductas delictivas por parte de funcionarios públicos” en tiempos de crisis económica.
La causa contra Promarlon SA, iniciada en 2017, involucra a 25 personas, incluidos miembros de la empresa y funcionarios públicos. Se les acusa de formar parte de una organización dedicada al contrabando entre Paraguay y Argentina.