Los trabajadores de la empresa estatal ARSAT denunciaron el abandono de la infraestructura nacional de telecomunicaciones bajo la gestión del presidente Javier Milei. La situación provocó una profunda sangría de personal calificado debido al congelamiento salarial, lo que derivó en la renuncia de alrededor de 180 especialistas del sector tecnológico.
Además de la pérdida de recursos humanos, el personal advierte que diversos organismos del Estado nacional utilizan cotidianamente los servicios de la firma sin abonar las tarifas correspondientes, mientras la administración central avanza en un convenio millonario con privados.
Como empresa estatal estratégica, ARSAT tiene la misión de generar condiciones de igualdad en el acceso a la conectividad terrestre y satelital, sumado a la administración del Centro Nacional de Datos. Sin embargo, desde diciembre se implementó un severo recorte presupuestario que dejó las instalaciones en un estado de parálisis técnica.
Al respecto, el delegado gremial Ezequiel McGovern describió el impacto de la crisis: “El 25% de los compañeros, más o menos 180, se fueron empujados por el bajo salario. Perdimos el 61% del poder adquisitivo del salario desde diciembre de 2023 a la fecha”, advirtió.
Parálisis en la inversión y deudas estatales
En cuanto al estado de los tendidos terrestres, el referente gremial expuso los bloqueos que sufren los planes de modernización tecnológica: “Está sobreviviendo lo que es la Red Federal de Fibra Óptica. Hay muchísimos proyectos de ampliar la capacidad, subir velocidades, que están frenados porque todos los créditos internacionales los capta el Ministerio de Economía y no te los deja utilizar, así que la inversión no llega”, remarcó.
Los proyectos troncales de la empresa se sustentan habitualmente mediante financiamiento del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, recursos que sostienen la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) iniciada en 2010. En esa línea, la construcción del nuevo satélite ARSAT-SG1 se acordó con fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En ese marco, McGovern sumó precisiones sobre el esquema de financiamiento: “Son inversiones muy grandes, entonces el Estado sale como garante y ARSAT es el responsable técnico”, explicó.
A su vez, el delegado apuntó contra la falta de pago por parte de las distintas áreas de la administración pública que operan sobre la REFEFO, los satélites geoestacionarios, el Datacenter de Benavídez y la Televisión Digital Abierta (TDA).
Sobre ese rojo comercial, McGovern denunció la abultada cifra: “Le deben a ARSAT casi 80 millones de dólares, que es casi el 70% de una facturación anual. Desde 2023 que no nos pagan”, subrayó.
El rol estratégico de la fibra óptica frente a los privados
La red troncal federal cuenta con más de 36.500 kilómetros de fibra óptica distribuidos en 13 regiones del país para proveer de conectividad mayorista a cooperativas y pymes locales. El sistema enlaza la conectividad desde cada nodo regional hasta el punto de origen en la provincia de Buenos Aires.
El representante gremial detalló el alcance territorial del tendido: “pequeñas empresas dan servicio de Internet donde Movistar, Telecom o Telecentro no llegan”, señaló. Y agregó: “estas pequeñas empresas hicieron inversión propia y compraron la capacidad de ARSAT, que es el que pone el precio en el mercado actualmente”.
En relación a la infraestructura pública, McGovern defendió las ventajas técnicas: “las obras de fibra hay que hacerlas en todos lados porque contra la fibra no podes competir, pero tiene que estar la decisión política de hacerlo”, sentenció.
A pesar de estas condiciones, los trabajos de actualización quedaron congelados: “Está en 100GB en los enlaces más troncales y tenemos que pasar a 400GB. Multiplicás por cuatro la capacidad de tráfico que puede circular utilizando la misma fibra”, puntualizó.
Polémica por el desembolso con Starlink
En paralelo al recorte de la infraestructura estatal, el Gobierno nacional formalizó la contratación de Starlink, la empresa de Elon Musk, para llevar internet a 6.000 escuelas rurales. La iniciativa contempla un desembolso inicial de casi 12 millones de dólares por parte de las arcas públicas para los primeros tres años.
La operatoria despertó alertas técnicas y económicas, ya que los costos futuros deberán ser cubiertos íntegramente por los municipios y las provincias involucradas: “Es una compra directa disfrazada de donación, porque hay un montón de empresas que dan esos servicios, además de ARSAT. Aparte una cosa es el servicio domiciliario de Starlink, que cuesta entre 20 y 40 dólares, pero si vos das ese servicio para un colegio o empresa ese plan ya no va. Aplica un plan que se vende por tráfico y los costos se te van a las nubes porque es más caro que la telefonía celular”, alertó McGovern.
Sobre la retirada del Estado y la soberanía tecnológica, el especialista Baladrón reflexionó: “Deja esa presencia que tiene que ver con la infraestructura, pero también con la protección de los datos que ahí circulan y con el desarrollo tecnológico para el país. Mantener ese rol del Estado genera empleo e industrias vinculadas. Esto generaría una inversión y un desarrollo tecnológico para la inserción profesional, para que haya más trabajo en el sector, y también desde una mirada soberana”, afirmó.
Frente al actual escenario, los trabajadores intentan sostener la operatividad mínima de los equipos para garantizar las comunicaciones federales: “mantener la empresa funcionando hasta que haya un cambio de gobierno y ARSAT recupere el rol para el que fue creado: ser el posibilitador tecnológico de las comunicaciones en Argentina”, concluyó McGovern.
