Denuncia penal por desvío de fondos del Ministerio de Salud de Macri

La Asociación de Abogados por la Justicia Social de La Plata denunció al exministro de Salud de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, por entregar 7 millones de pesos a dos fundaciones violando la Ley de Ética, una de las ellas es la que fundó a él.

Septiembre de 2018. El gobierno de Mauricio Macri volvía al FMI e implementaba otro recorte del Estado con reducción de ministerios. El golpe contra el Ministerio de Salud, degradado a Secretaría, incluyó una brutal reducción de presupuesto, sistema sanitario roto sin capacidad de compra. Pero el ajuste de los Ceos siempre tenía una contracara. Según la Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, entre septiembre y diciembre de ese 2018, el hasta entonces ministro Adolfo Rubinstein, transfirió 7 millones de pesos para proyectos de investigación a dos fundaciones, una de ellas vinculada a él.

Una es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), creado en 2002, en el cual Rubinstein se desempeñó como director ejecutivo, desarrolló toda su carrera profesional, y a la que volvió luego de dejar la función pública, según recuerda el escrito. La otra fundación llamada GEDYTS acogió a quien se desempeñó como Directora Nacional del Cáncer, Celsa Julia Ismael, desde donde fueron asignadas las partidas.

AJUS presentó la denuncia en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y en la Oficina Anticorrupción donde el exministro tuvo otro expediente por un tema parecido. Para AJUS esto debe investigarse prima facie como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. “La acusación se basa en haber realizado mediante una persona interpuesta (o por acto simulado) un acto en beneficio propio y/o de un tercero -la fundación IECS-, mediante un contrato u operación en que intervino en razón de su cargo”, señaló el abogado Luis Eduardo Amadeo en la presentación.

Y agrega: “Se lo acusa de haber abusado de su cargo, haciendo pagar o entregar indebidamente, por interpuesta persona, una dádiva o cobrar mayores derechos que los que corresponde a IECS; ya que entre los hechos que describimos puede observarse el dictado de órdenes contrarias a las leyes nacionales”.

La historia del caso
Rubinstein ingresó al Estado el 21 de febrero de 2017. Fue Secretario de Promoción del Ministerio de Salud, ministro de Salud desde el 21 de noviembre de 2017 y luego secretario de Gobierno del nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social desde el 5 de septiembre de 2018. Desde el cargo de ministro, propuso a Ismael para cubrir el puesto del Director del Instituto Nacional del Cáncer que había fallecido. La designaron el 6 de julio de 2018 a través de un decreto, y aunque era un área descentralizada dependía funcionalmente del ministro.

“No hace falta ahondar en la relación, influencia y referencia entre el Ministerio y el Instituto –señala el escrito– (…) podemos observar que la Dra. Ismael accedió a su cargo gracias a la propuesta (que es una designación en los hechos) que realizara el Dr. Rubinstein”.

Su desembarco en el Instituto parece haber disparado los financiamientos, rápidos según el escrito, y llamaron “poderosamente” la atención. “Luego de puesta en funciones, la nueva Directora inició un proceso licitatorio que llama poderosamente la atención –según Amadeo– no solo por la rapidez y el direccionamiento, como por la falta de publicidad, los adjudicatarios de esas ´licitaciones´ y la proveniencia de los fondos con que se realizó la convocatoria”.

Entre las irregularidades enumera tres casos:
– 4 de septiembre de 2018, le fue asignado al IECS un subsidio como parte del proyecto “Impacto de Determinantes Socioeconómicas y de las corrientes migratorias de pacientes, en las distintas fases del continuo de cuidados de los pacientes de cáncer en la Argentina”, $669.700, en un pago.

– 23 de noviembre de 2018, le fue asignado otro subsidio, por $3.000.000 en un pago por el proyecto “Evaluación de implementación de estrategias a nivel del ámbito laboral para aumentar las tasas de rastreo de cáncer colorrectal en empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Serie temporal interrumpida”.

– Finalmente, el 6 de diciembre de 2018, Ismael asignó a la fundación GEDYT un subsidio por 2.991.600$ en el marco del proyecto “Diagnostico e implementación de estrategias entrenamiento en la prueba piloto ´Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer colorrectal en Mendoza´ (…)”.

Julia Celsa Ismael dejó su cargo el 1 de marzo de 2020. Como se dijo, dos meses después, mayo de 2020, fue designada Directora Ejecutiva de GEDYT. Y Rubinstein regresó al IECS donde “le crearon o se creó -él mismo- el cargo de Director de una nueva área denominada: Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud –CIIPS- desde donde ejerce desde que dejó la función pública”.

AJUS no cuestiona los proyectos ni los trabajos de investigación sino la asignación legal pero direccionada, según la hipótesis. “Destacamos que el eje (…), es la asignación de fondos en forma legal realizada direccionadamente, con una clara intención de favorecer a esas instituciones a las que le asignaron casi 7 millones de pesos”. También subraya que la Ley de Ética Pública prohíbe a funcionarios intervenir en temas con los que habían estado vinculado “no sólo durante la gestión, sino también en los que tuvo vinculación en los últimos 3 años”, y menciona contratación, subsidios, beneficios y actividades y señala que tampoco podrá ser proveedor por sí o terceros.

No es la primera vez que el exministro es cuestionado. El actual ministerio de Salud presentó un expediente ante la Oficina Anticorrupción que se expidió en diciembre de 2021 por una serie de becas del programa “Salud Investiga” destinadas a solventar proyectos del IECS. En febrero de 2019, Rubinstein había aprobado la convocatoria a las becas y en octubre de ese año, aprobó a 25 ganadores de los cuales 8 eran de investigaciones del IECS. La OA pidió explicaciones que no llegaron. Y finalmente resolvió que el exministro “no cumplió con los deberes de abstención” que le regían y que “infringió el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188 en relación con los proyectos de investigación ´Salud Investiga 2019-2020´ presentados por el IECS”.

Para Página 12, los casos de conflicto de interés constituyeron una matriz transversal y constante en el gobierno de Macri. Las primeras noticias daban cuenta del mundo del que provenían los Ceos, las últimas de los mundos a los que volvían. Daban cuenta del diseño de políticas públicas direccionadas y de la puerta giratoria.