Denuncia penal contra la AFA por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales
En medio del escándalo que involucra a los máximos dirigentes del fútbol argentino, atravesado por denuncias y sospechas de lavado de dinero, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó este viernes una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por un monto superior a los 7 mil millones de pesos.
La presentación judicial se sustenta en un informe elaborado por Vanina Vidal, jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se detectaron irregularidades correspondientes a los meses de agosto y septiembre. El escrito fue elevado por la DGI al fuero penal económico.
Además, según consta en el reporte al que tuvo acceso Clarín, se verificó la retención indebida de aportes previsionales desde diciembre de 2024. En el documento se aclaró que “la información brindada surge de los sistemas del Organismo, sin perjuicio de aquella que pudiera obrar en los registros de la Inspección General de Justicia”.
La denuncia fue radicada ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico N.º 5, a cargo del juez Diego Amarante, por la DGI que conduce Andrés Vázquez. Las penas previstas para los delitos denunciados oscilan entre dos y seis años de prisión.
En el escrito, el organismo fiscal remarcó que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social”, que había practicado efectivamente dichas retenciones y que estaba en condiciones de cumplir con esas obligaciones legales.
Al analizar la responsabilidad penal, la denuncia identifica como directivo a cargo de la entidad a Claudio Fabián Tapia, y subraya como dato llamativo que la AFA no registraba antecedentes previos en el sistema de controles de la DGI.
En su requerimiento, el organismo solicitó que se investigue a “los autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores” de los hechos, por haber retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social sin depositarlos dentro del plazo legal de treinta días corridos desde el vencimiento.
Al constituirse como parte perjudicada, la DGI advirtió sobre la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 4° y 7° (segundo párrafo) del Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley 27.430.
El organismo cuantificó que, como consecuencia de la retención de tributos entre agosto y septiembre y de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre último, el Estado dejó de percibir un total de 7.593.903.512,23 pesos.
La denuncia sostiene que se reunieron “los extremos fácticos que permiten evidenciar la existencia de las conductas” investigadas y precisa que el momento de afectación penal se produce “al vencimiento del día treinta corrido luego de expirado el plazo legal para efectuar el depósito” correspondiente a cada período.
En ese marco, el escrito advierte que los fondos retenidos habrían sido utilizados por la AFA, pese a no formar parte de su patrimonio, y cita jurisprudencia para remarcar que no solo importa la falta de depósito, sino también la dilación, ya que ello implica un financiamiento indebido mediante la utilización de recursos ajenos.
“Estos importes retenidos no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente para solventar otras obligaciones”, enfatiza la presentación.
La denuncia de la DGI se conoció al cierre de una semana en la que Claudio Tapia fue objeto de diversas investigaciones judiciales, orientadas a determinar si posee presuntos testaferros, si administra una fortuna millonaria y si dicho patrimonio podría haberse originado a través de maniobras de lavado de dinero.