Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la comisión del delito de “omisión de denuncia”, luego de que el mandatario afirmara en una entrevista televisiva que el empresario Javier Madanes Quintanilla habría realizado prácticas extorsivas contra el Gobierno.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano, quienes sostuvieron que las declaraciones del jefe de Estado configuran un delito previo —extorsión— que, al no haber sido denunciado formalmente, derivaría en una posible infracción a las obligaciones legales de los funcionarios públicos.
Según la presentación, Milei relató en una entrevista que el empresario Javier Madanes Quintanilla habría presionado al Gobierno con despedir trabajadores si no obtenía beneficios. Para los denunciantes, si esos hechos fueran reales, el mandatario tenía la obligación legal de denunciarlos.
El planteo se basa en afirmaciones realizadas por el presidente durante una entrevista en el canal La Nación+, donde se refirió al empresario y titular de empresas como FATE y Aluar.
“Madanes es un extorsionador, Fate tenía problemas hace muchos años”
Javier Milei dijo que el empresario “apretaba para que le den protección a su empresa” y contó: “Llamó a gente de mi gobierno para mencionar que iba a tirar gente a la calle”. pic.twitter.com/QZDwaTSYrr
— Corta (@somoscorta) March 9, 2026
En ese reportaje, el mandatario sostuvo: “Un empresario prebendario y extorsionador”, en referencia a Madanes Quintanilla. Ante la consulta del periodista Luis Majul sobre si tenía pruebas de esa acusación, respondió: “Los hechos lo denuncian, porque FATE tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección para FATE y la protección para ALUAR, les tiraba las 920 familias a la calle”.
Durante el mismo intercambio, el presidente agregó que esas presuntas presiones habrían ocurrido antes del cierre de la planta industrial: “¿Usted cree que no llamó antes para mencionar que nos iba a tirar la gente en la calle? Sí, claro. Obviamente. No a mí, pero a gente de mi gobierno”.
A partir de esas declaraciones, los denunciantes sostuvieron que, de haber ocurrido los hechos descriptos, encuadran en el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal. En ese contexto, señalaron que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos de acción pública cuando toman conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.
“La posibilidad de ‘tirar 920 familias a la calle’ constituye un hecho sumamente intimidatorio para cualquier gobierno”, señalaron en el escrito, al analizar la figura penal. En la presentación también se cita el artículo 177 del Código Procesal Penal, que establece que los funcionarios deben denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Sobre esa base, los abogados sostuvieron que el presidente “se encontraba obligado a realizar la denuncia del hecho extorsivo que ha expuesto en detalle”.
La denuncia agrega que, al no haber promovido una investigación judicial ni presentado una denuncia formal ante la justicia, la fiscalía o la Oficina Anticorrupción, el mandatario incurrió en la conducta prevista en el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a quien, estando obligado a hacerlo, no denuncia la comisión de un delito.
Como medidas de prueba, los denunciantes solicitaron que se consulte a la Oficina Anticorrupción si recibió alguna denuncia por estos hechos y que se informe si existen presentaciones judiciales contra el empresario mencionado.
Finalmente, pidieron que se investigue lo ocurrido y que, en caso de corresponder, se apliquen las sanciones previstas por la ley. “Las autoridades públicas… están obligadas a realizar los actos necesarios para hacerla cumplir”, señalaron en el cierre de la presentación.
