El director del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay, Leandro Clapier, presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal local. El objetivo central de la acción apunta a investigar judicialmente las obras en Paso Vera para corroborar si se ajustaron a la normativa vigente.
La presentación judicial busca reconstruir el proceso completo de decisión y ejecución administrativa. En ese marco, se solicitó individualizar a los funcionarios intervinientes, los expedientes de respaldo, los estudios técnicos y la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, además de determinar la superficie afectada y el destino de la arena removida.
Al respecto, Clapier fue categórico sobre la necesidad de esclarecer el cuadro de situación: “Acá hay algo muy sencillo que tenemos que saber los uruguayenses: qué se hizo en Paso Vera, quién lo autorizó, con qué estudios y controles se hizo y qué pasó con la arena que se sacó. No estoy acusando a nadie. Estoy pidiendo que se investigue y que conozamos la verdad”, remarcó.
Polémica y pedido de explicaciones
La vía judicial se impulsó tras la difusión pública de imágenes que exhibían maquinaria pesada operando sobre el terreno natural. El escenario obligó a la intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y a posteriores declaraciones de funcionarios comunales, quienes reconocieron errores de ejecución y la necesidad de remediación.
Frente a las justificaciones oficiales, el dirigente cuestionó el proceder implementado en la reserva costera: “Cuando se interviene un lugar que es patrimonio natural de todos, primero tienen que estar los estudios, las autorizaciones y los controles. Después no puede alcanzar simplemente con reconocer que hubo errores y tratar de remediarlos. Tenemos derecho a saber qué ocurrió y quién tomó cada decisión”, advirtió.
Las medidas solicitadas
Entre los requerimientos elevados a los fiscales, se solicitó la remisión de las resoluciones, informes técnicos, contrataciones y costos del expediente municipal. Asimismo, se requirió una inspección judicial con peritos y el resguardo de documentación, sin imputar delitos de forma anticipada hasta reunir la prueba.
Para finalizar, el denunciante fijó su postura respecto al valor patrimonial del predio: “Paso Vera no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es de los uruguayenses. Si todo se hizo bien, la investigación lo demostrará. Y si algo se hizo mal, tendremos que saber qué pasó y quién fue responsable. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado”, concluyó.
