Delitos de lesa humanidad: Detuvieron a Carlos Carvallo en Posadas
El reconocido periodista y locutor Carlos Carvallo, acusado por delitos de lesa humanidad, fue finalmente detenido en Posadas luego de permanecer casi cuatro años prófugo. El hombre tenía un pedido de captura internacional emitido por la Justicia Federal de Entre Ríos por presuntas colaboraciones con la última dictadura militar.
El procedimiento de aprehensión se concretó en horas de la mañana por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la casa de familiares ubicada sobre la calle 90 del barrio Santa Rita, a unos 150 metros de la avenida Jauretche, de la capital provincial.
Si bien algunas versiones periodísticas y el testimonio de sus familiares daban cuenta de que el acusado se había entregado, fuentes muy confiables y cercanas a la pesquisa lo desmintieron de forma tajante y aseguraron que tanto PSA como las demás fuerzas federales tenían la orden de detenerlo y seguían muy de cerca sus pasos.
En este sentido, se detalló que los efectivos habían logrado dar con su ubicación desde hace más de tres meses, en base a trabajos de campo y el entrecruzamiento de líneas telefónicas. Primero, se detectó una ubicación aproximada en base a las antenas, lo que redujo considerablemente el área de búsqueda.
A partir de allí fue sencillo: estaba en la casa de su hermana. Varios efectivos de la fuerza federal entraron cerca de las 10 con sus uniformes negros a la construcción y lo esposaron, sin que haya algún tipo de resistencia.
Los voceros detallaron que en el lugar había claros signos de que estaba alojado desde hace tiempo. El locutor tenía una habitación acondicionada con una cocina y heladera, donde se mantenía en total encierro. “Casi ni salía al patio”, dijeron.
Se agregó que a Carvallo se lo vio muy “desmejorado”, en relación a las fotos que circulan de él. Es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrecía una recompensa de medio millón de pesos, monto que se estableció en abril del 2016, tras la captura en Medellín de Juan Carlos Bossi, quien participó de los denominados “vuelos de la muerte”, donde se torturaba y arrojaba al Río de la Plata a los secuestrados.
En cuanto al allanamiento, en el lugar secuestraron algunos elementos, como el teléfono celular que utilizaba, pero nada de interés para la causa. Los efectivos estuvieron en el lugar hasta horas del mediodía, cuando el apresado salió encapuchado de la vivienda y rodeado de efectivos y de algunos familiares y cercanos, quienes siguieron de cerca cada paso del operativo.
Se vieron ojos llorosos y reticencia a hablar con la prensa, que montó una guardia con varias cámaras y micrófonos de diferentes medios. Solamente fue su hermano, Pedro Carvallo, quien dijo unas breves palabras de forma exclusiva a los colegas de El Territorio: “El deseo fue entregarse, él vino hoy a la madrugada y manifestó eso”, agregando que fue el propio periodista, quien se comunicó con las fuerzas de seguridad.
Más allá de esta versión, sobre el tiempo como buscado por Interpol del presunto torturador, los investigadores detallaron que surgieron muchas líneas de investigación sobre las cuales fueron indagando, como apariciones suyas en el interior de la provincia. Durante todo este tiempo se especuló con que el locutor estuvo en otros países y provincias, aunque la hipótesis de que estaba oculto en Posadas nunca se desestimó.
Efectivos de la fuerza federal lo alojaron en el aeropuerto Libertador General José de San Martín por algunas horas, para, cerca de las 19, disponer de su traslado a Paraná, donde quedará alojado en la Unidad Penal 1 de esa localidad. Este medio pudo establecer que la audiencia indagatoria se podría realizar hoy mismo.
Secuestro y torturas
La detención de Carlos Luis Carvallo había sido ordenada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el lunes 17 de noviembre del 2014 debido a su presunta participación como oficial de la Policía provincial local en grupos de tareas para la detención ilegal y tortura de personas en la última dictadura militar, más precisamente entre marzo y diciembre de 1976.
Sin embargo, desde el mismo martes el comunicador no se presentó a ninguno de sus trabajos y, dijeron, no se comunicó más con sus colegas. Se volvió literalmente un fantasma.
El ahora detenido figura en un listado del Batallón 601 como “Agente de Reunión” y “personal de civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983”, del documento del Archivo Nacional de la Memoria, con el nombre de Carlos Luis Gómez Carvallo. Se indica que esa unidad dependía de Santa Fe.
Como publicó este medio en su momento, según la nómina del personal civil del Batallón de Inteligencia, Carvallo figura en el orden 2034 de la Foja 38, correspondiente al Área 212, Destacamento de Inteligencia 122 de la citada provincia. La información fue dada a conocer por la Revista Superficie en 2012.
Entre los elementos recolectados al momento por la Justicia Federal en la causa conocida como Área Paraná, en la que se investigan los secuestros de 52 personas y la desaparición otras cinco, aparece como el más contundente el testimonio de Manuel Ramat (ver Esto representa..), delegado sindical detenido ilegalmente en septiembre del 1976.
Según Ramat, Carvallo estuvo presente en una sesión de tormentos y le aseguró “que desde 1975 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre cómo torturar para que los detenidos digan todo lo que ellos querían”, y que tales métodos se ejecutaban utilizando una cama con tirantes metálicos donde los prisioneros eran atados y mojados para que la corriente eléctrica corra con mayor rapidez.
Entre las modalidades de tortura que la víctima aseguró recibir figuran sesiones de picana eléctrica, golpes en los oídos que “lo llamaban Teléfono” y tortura psicológica.
Según la reconstrucción, la detención de Ramat se legalizó hacia mediados de noviembre de 1976, cuando fue trasladado a la cárcel de Paraná. Luego, un Tribunal de Guerra de la dictadura lo sentenció a catorce años de prisión. Condena que fue anulada por ilegal.
Los primeros en ser informados por la Justicia de la novedad fueron el propio Ramat y representantes de organismos de Derechos Humanos locales.