De Vido con un fallo a favor pero no sale de la cárcel
La Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito y por consiguiente la excarcelación de Roberto Baratta y Julio De Vido, en el marco de la causa donde el juez Claudio Bonadio los había procesado por “defraudación a la administración pública y administración fraudulenta” por supuestas irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado, por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares.
Según una pericia ahora cuestionada por los camaristas, en esas operaciones hubo un desvío de fondos de más de 6.900 millones de dólares entre los años años 2008 y 2015.
La Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, no llegó a un acuerdo frente a la causa y tuvo que desempatar el juez Martín Irurzun (integrante de la Sala II de ese tribunal).
En primer lugar, el juez Bruglia sostenía que la prisión preventiva ordenada sobre Julio De Vido y Roberto Baratta debía continuar. Aunque cuestionó la pericia que determinó la millonaria defraudación que consignó Bonadio en su resolución, planteó que la maniobra defraudatoria existió, y por lo tanto la calificación no debía desestimarse.
Ballestero en cambio se inclinó por dictar la falta de mérito a los acusados en el expediente, al considerar que una de las pruebas centrales de la causa -la pericia sobre las compras con supuestas irregularidades- no estaba bien realizada. El juez también planteó que debía analizarse el cruce de llamadas con el perito Cohen previo a la confección de ese informe.
Ante la falta de acuerdo en la Sala I, intervino el juez Irurzun, quien se inclinó por acompañar el criterio de Ballestero y dictar la falta de mérito de los ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación. Esto significa que no se encontraron pruebas contundentes para mantenerlos procesados, pero tampoco para desvincularlos del caso con un sobreseimiento.
Así, los camaristas Martín Irurzun y Jorge Ballestero, determinaron la falta de mérito de los 24 procesados por el juez Bonadio, entre los que se encuentra De Vido, Baratta, el ex secretario de Energía, Daniel Cameron; Roberto Dromi y José Roberto Dromi, responsables de la empresa investigada “Dromi San Martino Consultores SA” y a ex funcionarios de Enarsa.
Uno de los puntos centrales del fallo de 59 páginas de los camaristas, fue el cuestionamiento a la pericia realizada por el ingeniero David Cohen: “La imputación formulada contra las diversas personas procesadas en autos se edifica en pilares que carecen de la más mínima solidez, mediante la confección de un peritaje comprometido con la búsqueda de la verdad”, planteó el juez Ballestero.
La crítica indicó que dicha pericia se había constituido en el eje del procesamiento revocado y según Ballestero muestra “poco de experticia y mucho de infamia”. Así, al desestimar la veracidad del peritaje, se dio por “derrumbada con igual fuerza el escenario montado” por Bonadio al momento de procesar a las 24 personas.
Ante la decisión de la Cámara, se indicó que deberá investigarse “los motivos y conveniencias de la intervención de otras empresas (Repsol, YPF) en el proceso de compra del GNL, la efectiva existencia de intermediarios en las operaciones, la identificación e incidencia de otros costos y las negociaciones con las compañías contratantes”.
Según el expediente, la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de ocho buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.
En el período investigado (2008-2015) llegaron al país 497 barcos con GNL: 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. Cada barco tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares y por los casi 500 barcos de gas licuado se pagaron 15.300 millones de dólares. Y el sobreprecio detectado es 6.900 millones de dólares “un equivalente a 13 millones de dólares por barco”.
Los tres camaristas coincidieron en cuestionar su valor como prueba pero Ballestero e Irurzun entendieron que sin ella no hay elementos suficientes para procesar a los acusados y debe profundizarse la pesquisa.
Mientras Baratta recuperará su libertad, Julio De Vido continuará detenido, ya que desde octubre pasado tiene prisión preventiva en la causa por defraudación y desvío de fondos en la mina de carbón de Río Turbio. En esta causa su procesamiento y detención obtuvo confirmación de la Cámara Federal porteña.