De manual… El primo de Mauricio Macri quedó afuera de la causa Cuadernos de las Coimas
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Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri, logró quedar afuera de la causa de los Cuadernos de las Coimas, en la que se había convertido en uno de los 31 imputados colaboradores. Admitió en su momento el pago voluntario de “aportes de campaña”, y por eso reclamó que las acusaciones en su contra tramiten en el fuero electoral y que no se lo lleve a juicio por el pago de sobornos. La Cámara de Casación le dio la razón a su reclamo.
Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, fallaron a favor de Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, que pidieron que su caso sea tratado en el fuero electoral.
El 14 de septiembre de 2022 la defensa del ex dueño de IECSA y su mano derecha “plantearon ante la jueza electoral la inhibitoria del Tribunal Oral Federal 7, por ser la Justicia Federal con competencia en materia electoral y territorial en la Ciudad de Buenos Aires, la que posee competencia para entender en los hechos que se les imputan” a Calcaterra y a Sánchez Caballero.
El planteo central es que los pagos que realizaron durante la gestión kirchnerista respondieron a “aportes voluntarios para la campaña electoral” y que tales hechos no debían integrar la maniobra de sobornos investigadas en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas.
A la hora de fundamentar su reclamo, Calcaterra y Sánchez Caballero señalaron que los pagos realizados correspondieron a los días 1° de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015…”, como así también “…pagos identificados como correspondientes al inmueble sito en Manuela Sáenz 323 de esta ciudad los días 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, 1° de agosto de 2013, 22 de octubre de 2013, 28 de mayo de 2015, 18 de agosto de 2015, 14 de septiembre de 2015 y 21 de octubre de 2015”.
Las sumas de dinero entregadas en el año 2013 “(s)e vincularon con el proceso eleccionario llevado adelante ese año, siendo que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) se concretaron el 1° de agosto de 2013 y las elecciones de legisladores el 27 de octubre del mismo año…”, dijeron durante la audiencia fijada por la Sala I de la Casación Federal.
A su vez, señalaron que las entregas de dinero del año 2015 “tuvieron que ver con las Elecciones Primarias del 9 de agosto y las Presidenciales del 25 de octubre del mismo año” y a partir de las constancias de la causa – específicamente las “(a)notaciones de Centeno en sus cuadernos por las que se acreditó que una parte de las entregas de dinero recolectado por los señores Baratta y Lazarte fue destinada a la línea política manejada por Abal Medina y su secretario Larraburu, quienes colectaban dinero para campañas electorales”.
La jueza federal con competencia electoral, María Servini, hizo lugar al pedido de la defensa de que el Tribunal Oral Federal 7 -que debe juzgar el caso Cuadernos- no intervenga respecto a las acusaciones que pesaban sobre Calcaterra y Sánchez Caballero por el presunto pago de sobornos. Requirió la extracción y remisión de testimonios vinculados a los hechos investigados “en cuanto se relacionen con pagos efectuados por Héctor Javier Sánchez Caballero y Ángel Calcaterra, durante los años 2013 y 2015 que se llevaron a cabo las elecciones nacionales Legislativas y Presidencial respectivamente”.
Fue la fiscal general de juicio, Fabiana León, la que se opuso a que el tramo que investiga al primo de Mauricio Macri y a su ex socio tramite en el fuero electoral penal, criterio que convalidó el TOF 7. Este planteo fue apelado por la defensa y por ese motivo la discusión llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
Cuando los camaristas analizaron el caso, sostuvieron por unanimidad que “consideramos que la señora jueza con competencia electoral es quien debe continuar la investigación respecto a los hechos imputados”, indica el fallo al que accedió Clarín.
Cuando los camaristas analizaron el caso, sostuvieron en un fallo que salió por unanimidad señalaron: “anticipamos que asiste razón a esa parte y consideramos que la señora jueza con competencia electoral es quien debe continuar la investigación respecto a los hechos imputados”, indica el fallo al que accedieron los colegas de Clarín.
Los magistrados explicaron -tal como señaló la defensa- que hay una “ausencia de tratamiento o valoración a lo pretendido por la defensa de Calcaterra y Sánchez Caballero, quienes, desde la presentación del primero de los nombrados como imputado colaborador señalaron reiteradamente, y de manera consistente, que el destino de los fondos señalados era el de aportes de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria”.
En efecto -continuaron diciendo los jueces en su resolución- “Calcaterra se presentó espontáneamente en el proceso como imputado colaborador y, en ese marco, reconoció ciertas entregas de dinero, señalando expresamente su causa y destino”, esto es: no se trataron de coimas sino de aportes de campaña, según resolvió la Sala I.
En este sentido señalaron que “no es un dato menor que, tal como plantea el ex dueño de IECSA y su ex socio, el destino de los fondos -los aportes de campaña- fueron un hecho introducido de manera voluntaria por Calcaterra, quien se presentó al inicio del proceso ante el Juzgado 11 del fuero cuando aún no había sido citado ni nombrado”.
Recordaron en su fallo que en igual sentido se habían manifestado otros acusados, a quienes le asistieron la razón cuando reclamaron que sus imputaciones sean analizadas en el fuero electoral, como es el caso de Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich.
De esta manera el primo del ex presidente de la Nación ya no será investigado por el pago de sobornos sino que el dinero “entregado de forma voluntaria” será parte de un expediente que tendrá a su cargo la jueza con competencia electoral, María Servini, bajo la figura de “aportes de campaña”, lo que podría devenir en el sobreseimiento del empresario.
Aunque la entrega de dinero por parte de Calcaterra al gobierno de Cristina Kirchner fue ilegal -no está registrada en ningún asiento ni declarada como aporte electoral- el cambio de fuero y de calificación alejan al primo de Macri del Código Penal y lo depositan en el mucho más suave “delito electoral”, por el que podría ser condenado a pagar una multa y la prohibición de ejercer cargos públicos.