De esto no se habla… La AGN ignoró un informe crítico hacia el Gobierno sobre la deuda del Correo
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó dos informes sobre la deuda del Correo, la firma que administra la familia Macri, pero evitó pronunciarse sobre el concurso que tramita en la Justicia, el expediente judicial que generó un escándalo hace un año.
Sin embargo, un informe reservado que había sido ordenado desde el propio organismo consideró que el acuerdo aprobado por el ministro Oscar Aguad era “abusivo” para el Estado y que la propuesta aceptada por el Gobierno se traducía en una quita real del 80% de la deuda del Correo, una oferta inaceptable -consideraron- de acuerdo con la jurisprudencia especializada.
Pero ese informe crítico de los expertos finalmente no fue incluido dentro del texto que aprobó el organismo hace tres semanas y que, luego, fue enviado al Congreso, informaron fuentes oficiales.
El informe reservado fue firmado por los expertos Javier Fernández Moores, exjuez en lo Comercial, y Horacio Garaguso, académico especializado en derecho concursal, con fecha de septiembre de 2017. Los abogados fueron contratados especialmente durante ocho meses para realizar dicho informe que, finalmente, no fue incluido en el dictamen aprobado por el organismo, pero que sí formó parte de los papeles de trabajo que analizaron los auditores antes de votar.
“La opinión de los asesores externos era divergente a lo que plantearon nuestros técnicos. Ese informe formó parte del proceso de estudio del expediente como uno de los papeles de trabajo de la gerencia de Entes Reguladores, pero no fue tenido en cuenta”, sostuvo Oscar Lamberto, titular del organismo.
La contratación de Fernández Moores fue oficializada por el auditor Gabriel Mihura Estrada, un referente de Sergio Massa en el organismo. La integración de Garaguso, en cambio, fue pedida desde el kirchnerismo. Mihura Estrada, sin embargo, fue uno de los votos mayoritarios que aprobó el dictamen sin incluir este informe. Los representantes del kirchnerismo, liderado por Juan Ignacio Forlón, hicieron dictámenes en minoría.
“El tema concursal no es propio de la AGN por eso necesitábamos expertos para que nos asesoren. El informe que emitieron forma parte de los papeles de trabajo”, sostuvo Mihura Estrada ante la consulta de este diario. Los “papeles de trabajo” es la documentación oficial que consta dentro del expediente interno de la AGN, pero no forma parte del dictamen final.
La AGN, un organismo que cuenta con mayoría opositora, recibió el expediente sobre el Correo después de que el Presidente dijera públicamente que enviaría el caso al Congreso. Fue una reacción política en medio del escándalo que despertó un acuerdo entre la empresa de los Macri y el Gobierno, que la fiscal Gabriela Boquín consideró “abusiva” para los intereses del Estado.
Críticas conclusiones
El informe reservado sostiene que la propuesta del Correo representa una quita del 80% de la deuda que mantiene con el Estado.
Los asesores externos contratados por la AGN también pusieron en duda la existencia de un procedimiento administrativo dentro del Ministerio de Comunicaciones tendiente a analizar de manera formal la propuesta del Correo que, en primera instancia, fue aceptada por el Estado, pero que luego de que se hiciera público el acuerdo, el Presidente ordenó “volver a foja cero”.
Fernández Moores y Garaguso consideraron que en la audiencia celebrada el 28 de junio de 2016, “el representante del Estado aprobó una propuesta considerada abusiva por la doctrina y jurisprudencia, sin exhibir acto administrativo que lo haya facultado”.
Tras repasar la oferta realizada por el Correo, los expertos sostuvieron: “El acuerdo no incluye el pago de los intereses desde la fecha de presentación. De ningún modo puede interpretarse que se ofrece el pago del 100% del crédito, sino un porcentaje muy inferior”.
La actuación tanto del ministro Aguad como de Macri es investigada por la Justicia, que intenta determinar si incurrieron en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La causa está en manos del juez Ariel Lijo, pero ahora no tiene fiscal porque Juan Zoni fue desplazado ayer de su cargo.
Por último, el informe al que tuvieron acceso los colegas de La Nación, cuestionó como “lo más gravosos para los intereses del Estado” que los representantes designados por el Gobierno no hayan incluido en el acuerdo la cancelación de la deuda que, por otro lado, también mantiene el Estado con la empresa por la apropiación de bienes tras la estatización.
El Tribunal de Tasación cotizó la deuda con la empresa de los Macri en más de $1700 millones. Socma reclama ese dinero en el fuero Contencioso Administrativo. Y agregaron que el pedido del Correo para cotizar sus bienes dentro del expediente comercial fue un hecho “impropio” de ese proceso judicial que “insumió cinco años de trámite irregular”.