El diputado Daniel Arroyo volvió a advertir sobre el grave deterioro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, y responsabilizó directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por lo que describió como una combinación de desmanejo, desinterés y presunta corrupción que dejó a miles de familias en una situación crítica. Según afirmó, la situación lo atraviesa con “bronca y dolor profundo”.
En declaraciones radiales, Arroyo expresó su malestar al observar “todo junto en un organismo que no pone en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Para él, la imagen fue contundente: mientras se difundían audios con supuestos pedidos de “500.000, 800.000, plata que va y viene, porcentaje”, en la misma sede de la agencia, acompañantes terapéuticos reclamaban pasar de 2.900 a 3.100 pesos la hora, un aumento mínimo de “200 pesos por hora de trabajo”, que además cobrarían “a 180 días, a 6 meses”.
El legislador remarcó que la parálisis del organismo generó consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Fue tajante: “El mismo lugar que no les da los aumentos, que trabó la ley de emergencia y que hizo colapsar todo el sistema. Hoy la persona no accede a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos; las escuelas especiales están a punto de cerrar”. Subrayó que ese espacio, responsable del “colapso”, era también donde “manejaban plata que iba y venía”.
Arroyo rechazó los argumentos oficiales que sostienen que la Ley de Emergencia en Discapacidad afectaría el equilibrio fiscal. Aclaró que la normativa “no tiene impacto fiscal” y que el costo de reacomodar las prestaciones representa apenas 0,0003% del PBI. Recordó además que fue aprobada por “más del 70% de la Cámara de Diputados”, aunque el Gobierno “decidió no moverse ni un milímetro de su plan”.
El diputado fue más allá y señaló un presunto intento del Gobierno de desplazar a un juez federal que suele fallar a favor de personas con discapacidad. Indicó que ese magistrado ordenó reponer miles de pensiones dadas de baja irregularmente: “De 110.000 pensiones dadas de baja, 90.000 corresponden a personas que nunca recibieron telegrama ni carta documento”. También había dispuesto poner en marcha la ley y, según Arroyo, estaba próximo a declarar nulo un DNU del Ejecutivo.
Por ello, denunció que el oficialismo “quiere ir contra el juez y quitarlo de la causa”, algo que calificó como un “nivel de crueldad imposible” y un acto de absoluta falta de humanidad. Añadió que, a diferencia de otros gobiernos de derecha, “Argentina es el único que está haciendo esto, cuando nadie duda de que una tarea del Estado es atender a las personas con discapacidad”.
Para Arroyo, el único camino activo que queda es el judicial. Afirmó que “hasta ahora la justicia falló a favor de las personas con discapacidad y sus familias porque tienen razón y porque el sistema ha colapsado”. Finalmente, describió el panorama actual como un escenario de “colapso, desesperación y dolor inmenso de las familias”, dentro del mismo organismo donde “va plata, viene plata” sin ofrecer soluciones.
