Cuenta regresiva para el juicio por supuestos beneficios a la Mutual Modelo

El ex intendente Sergio Varisco volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, a partir del 10 de febrero, esta vez por haber -supuestamente- beneficiado a una mutual que pretendía un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales. La congruente visión del hoy edil, Walter Rolandelli.

 

Junto con Varisco, deberán declarar el concejal y ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli; y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Miguel Picazzo, en una causa donde se evaluará si se incurrió o no en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública.

 

Los defensores han planteado que -precisamente- la maniobra no constituye un delito y que el pago no se concretó. Ese será el eje de la discusión que deberán discernir los jueces Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.

 

El juicio se desarrollará durante los días 10, 11, 12, 13, 14 y 18 de febrero; y ante el Tribunal pasarán 23 testigos, entre ellos, el diputado Gustavo Guzmán, que fue quien presentó la denuncia; el ex diputado y dirigente gremial Hugo Vásquez; Pedro Comas, Guillermo Caíno, que dirigen mutuales que operan a través de código de descuento con empleados municipales; funcionarios y agentes municipales.

 

La historia reconoce su inicio el 18 de enero de 2016, apenas un mes después de que Varisco asumiera como intendente, cuando la Mutual Modelo solicitó un adelanto de 1.500.000 pesos de las retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a empleados municipales que tenían créditos con la entidad.

 

La Mutual Modelo se comprometió a devolver el dinero en diez cuotas iguales y consecutivas de 150.000 pesos cada una, a partir de marzo, y presentó un informe con un detalle de las cobranzas previstas hasta enero de 2018 por servicios brindados a empleados municipales, que sumaban en total 5.573.604 pesos.

 

En ese trámite inicial aparece también la firma de la concejal María Marta Zuiani, pareja del verdadero mandamás de la mutual, cuya intervención le permitió ahorrar el pago de los gastos de sellados que requiere el inicio de cualquier expediente.

 

Varisco asintió a plasmar un convenio con la mutual; lo ratificó por decreto y autorizó el adelanto primariamente, sin embargo, surgió un problema. El contador general, Eduardo Campdesuñé, encargado de realizar el control de legalidad y emitir la orden pago, planteó algunas objeciones, dijo que “no surgen los motivos por los cuales la Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos solicita el adelanto” y recomendó que, en caso de otorgarse, se le solicitara un seguro de caución por el millón y medio de pesos que pretendía la mutual, para asegurar el recupero de los fondos.

En ese sentido, dos aseguradoras consideraron “inviable” emitir una póliza de esas características.

 

Se requirió de este modo asesoramiento jurídico a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó, sin conferir por ello autorización o aval jurídico decisorio al ser una mera consideración en su función al frente del área precitada, que en virtud de que el municipio “opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta con el fondo de ayudas económicas aprobado por el CUAD, cuyo monto resulta suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto convenido en concepto de garantía”. O sea… Rolandelli no adoptó posicionamiento decisorio alguno y solo se limitó a proporcionar un informe acorde a su investidura.

 

Cabe consignar que CUAD es la sigla del Centro Único de Autorización de Descuentos, una oficina creada en el ámbito de la Municipalidad, durante la gestión de José Carlos Halle, para poner orden en el sistema de descuento sobre los haberes mensuales que perciben los agentes de planta permanente y contratados, en pago por préstamos de mutuales y sindicatos.

 

El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, terminó siendo anulada, en tanto, la propia mutual inició otro expediente, esta vez adjuntando informes contables, los montos que preveía recaudar por retenciones que haría el municipio a sus empleados y un detalle de cuánto le debía cada trabajador y cómo se lo pagaría. Más allá de los detalles, la fiscal concebiría que esa maniobra tuvo por objeto “evitar la objeción” del contador.

 

De ese segundo expediente surgió la firma de un nuevo convenio, por el cual se dispuso el anticipo de 1.500.000 pesos; pero la Secretaría de Hacienda, a cargo de Cristina Ruberto, volvió a requerir consideraciones de Rolandelli, surgiendo como detalle irrefutable que se registraban antecedentes de haberse otorgado adelantos durante la gestión de José Carlos Halle y de Blanca Osuna, ambos oportunamente al frente del municipio.

 

Más allá de haber rubricado el acuerdo el propio intendente tampoco se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la desafectación de la partida de dinero, aunque, el trámite no habría tenido la anulación preliminar y solo terminó “cajoneado”, en un diligenciamiento trunco inapropiado cuyo/a responsable debería hacerse cargo en lo concerniente a responsabilidades intrínsecas.

 

La fiscal Yedro sostuvo en su escrito de remisión de la causa a juicio que el anticipo financiero para la Mutual Modelo “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular (la mentada mutual)” y advirtió que en los convenios celebrados entre el municipio y la mutual no se consignaban “las fechas de pago de la devolución del dinero prestado (ni) intereses –en el primer contrato y decreto suscriptos– o estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la ejecución”.

 

La defensa esgrime una estrategia común y plantea que no se cometió ningún delito. En eso coinciden los abogados Rubén Pagliotto, que representa a Varisco y Rolandelli, y Emilio Fouces, defensor de Picazzo.

 

Del mismo modo, confirman que los anteriores intendentes hicieron operatorias similares, tanto José Carlos Halle como Blanca Osuna; y plantean que en el presupuesto municipal estaba contemplado un ítem que se denomina “adelanto a mutuales”, es decir, se trata de un adelanto de dinero que ya estaba previsto, explican.

 

El lógico criterio de Rolandelli

Walter Rolandelli, en diálogo con los colegas del prestigioso medio especializado en la materia, Página Judicial, sostuvo que su función como secretario Legal y Técnico era “aconsejar jurídicamente al intendente” y “la jurisprudencia nacional tiene dicho que los dictámenes no son vinculantes, sino que solo tienen efectos jurídicos dentro de la administración, no frente a terceros”. En su momento, el denunciante pidió su sobreseimiento y el juez de garantías admitió que tenía dudas, pero que su responsabilidad debía dirimirse en un juicio oral.

 

De todas maneras, el hoy concejal y destacado dirigente deportivo paranaense, argumentó: “el primer dictamen no dice en ningún momento que se otorgue el adelanto que piden las mutuales, sino que observa que está garantizado el crédito; y el segundo dictamen dice que queda a consideración del intendente porque existen antecedentes de haber otorgado adelantos en otras administraciones”.

 

Rolandelli enfatizó además que su intervención se produjo “sobre un hecho consumado, cuando ya se había firmado el decreto y estaba hecha la imputación del gasto”.

Sobre esta temática discurrirán las seis jornadas del juicio que comenzará en unos días.