Cristóbal López y Ricardo Echegaray a indagatoria por “maniobra defraudatoria”
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el empresario Cristóbal López y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en una causa que investiga una presunta “maniobra defraudatoria” escondida detrás de la deuda impositiva millonaria que el hombre conocido como “el zar del juego” acumuló con el estado entre 2011 y 2015.
El fiscal realizó el pedido en el marco de una causa caratulada “Kirchner Néstor y otros sobre asociación ilícita”, que está en manos del juez federal Julián Ercolini desde 2008 cuando la diputada nacional Elisa Carrió denunció la existencia de un grupo de funcionarios y empresarios que “defraudó de modo sistemático, deliberado y permanente a las arcas del Estado”.
La diputada nacional y promotora de la alianza gobernante Cambiemos amplió hace un mes su denuncia contra el empresario y el ex titular del a Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) luego de que el diario La Nación publicara los detalles del la maniobra impositiva a través de la cual la empresa Oil Combsutibles S.A. evitó durante los últimos años el pago de algunos impuestos y acumuló una deuda con el estado cercana a los 9 mil millones de pesos.
Entre los funcionarios y empresas que aparecen en el dictamen de 48 páginas emitido por Pollicita, se menciona también al empresario Fabián de Sousa en su carácter de socio del Cristobal López en algunos negocios.
Para el fiscal, lo que se investiga es una “operatoria criminal” llevada a delante por funcionarios públicos y empresarios con llegada al poder políticos que se habría valido de un organismo estatal, en este caso la AFIP, para lograr beneficios económicos para sus empresas y capitalizar otras sociedades.
“Desde mayo del año 2011 cuando OIL COMBUSTIBLES S.A. comenzó con su operatoria y durante más de cuatro años, la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de un gran número de irregularidades habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (GRUPO INDALO)”, sostuvo el fiscal en su dictamen.
Durante el desarrollo del su escrito, Pollicita recordó que de los 55 períodos fiscales que están siendo analizados OIL “pagó en tiempo y forma únicamente 7 de ellos” y tras acogerse a distintos planes de de facilidades de pago “generó que la deuda alcanzara la suma de prácticamente 9 mil millones de pesos”.
El fiscal también aseguró que para elaborar su dicitamen tuvo en cuenta que la presunta maniobra se ejecutó bajo el “amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios, los que en ningún momento se pondrán en tela de juicio en lo que hace a su legalidad”, pero sostuvo que se detectaron irregularidades.
“La maniobra fraudulenta fue edificada sobre tres grandes pilares: 1) la inmersión inicial en el negocio petrolero, 2) el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago y la utilización indebida de la recaudación del ICL (Impuesto al Combustible) impago para el financiamiento y expansión del grupo económico, y como correlato de ello, 3) el perjuicio millonario al erario público por la falta de percepción del tributo en cuestión”, escribió el fiscal.
Pollicita recordó además que, en su denuncia, Carrió sugirió un esquema de retornos relacionado con los beneficios impositivos dado que sostuvo que “toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave, porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años, a cambio de varios millones de pesos” y “también le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz”.
En paralelo a esta investigación, la actual gestión de la AFIP realizó una denuncia contra el conglomerado de empresas investigadas por la presunta maniobra defraudatoria que quedó radicada en el Juzgado 11 en lo Penal Económico, a cargo de María Verónica Straccia, quien ya dispuso varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo.