Crisis en Venezuela: la frase que llevó al fracaso la resolución de la OEA que pedía “transparencia”
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela fracasó este miércoles en dar a luz una resolución para pedir al régimen de Nicolás Maduro “transparencia” en el escrutinio electoral del domingo.
Varios cancilleres -entre ellos la argentina Diana Mondino- llegaron a Washington desde distintos puntos de la región en forma urgente para impulsar el documento, que tenía dos carillas y que había logrado en principio un consenso. Pero todo se vino abajo por apenas una sola frase enterrada en el inciso B del punto 2.
Los embajadores y los cancilleres se reunieron desde las 10 de la mañana en el Salón San Martin del edificio de la OEA en la Calle 17, cerca de la Casa Blanca. Allí estuvieron hasta casi las 17.30 con algunos intervalos. La sesión había sido convocada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que buscaban la aprobación de una resolución de consenso para presionar a Maduro a que entregara las actas de los comicios del domingo, cuyos resultados fueron cuestionados por la mayoría de los países de la región.
Algunos países clave en el tablero de ajedrez de la crisis venezolana -por su llegada al gobierno de Maduro- estaban presentes: Brasil tenía a su representante ante el organismo y también Colombia. Sin embargo, fue notoria la ausencia de un delegado de México, que suele ser protagonista de estos cónclaves y manifiesta siempre tensión con el secretario general Luis Almagro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anticipado que no enviaría a nadie a Washington porque consideraba que Almagro no había sido neutral en el caso. En verdad, el día anterior, el uruguayo había publicado un duro comunicado en el que consideraba que Maduro había cometido una “manipulación aberrante” de los comicios y eso no cayó bien entre algunos de los países más cercanos al régimen venezolano, entre ellos algunos caribeños. “La OEA somos nosotros, no Almagro”, bramó el representante de Honduras.
El inicio del Consejo Permanente se demoró por más de dos horas mientras seguían discutiendo y mientras tanto Maduro hablaba por televisión desde Caracas y prometía que pronto entregaría las actas, sin fecha precisa.
Qué pedía el documento
Hubo consenso entre los representantes en la mayoría de los 5 puntos de la resolución, que básicamente pedía a Maduro que publique los resultados; resaltaba la prioridad de salvaguardar los derechos humanos, especialmente el derecho a protestar sin represalia; llamaba a proteger todos los equipos utilizados en la votación y solicitaba al gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones. Este último punto era de especial interés de Argentina, dado que tiene refugiados en su sede en Caracas a varios opositores venezolanos.
Pero el problema llegó con un renglón del documento. “Fue apenas una frase”, graficó el presidente del Consejo, de Antigua y Barbuda, en la sesión. Pero hizo explotar la resolución y que los funcionarios se volvieran a casa con las manos vacías.
La votación fue de 17 países a favor (entre ellos Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica) y ninguno en contra, mientras que hubo 11 abstenciones (entre ellos Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras) y 5 ausentes (Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad Tobago y Venezuela). No se alcanzó la mayoría necesaria de 18 países.
El punto de la discordia fue el inciso B del punto dos que llamaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar “inmediatamente” los resultados pero agregaba una frase que varios países se resistieron a firmar: “Y que, como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales”.
La idea de incluir este punto en la resolución tenía un preciso sentido, según contaron fuentes de la negociación. Con “la verificación integral de los resultados” con observadores independientes, los impulsores del documento buscaban frenar una posible maniobra de Maduro ya que sospechan que el venezolano, sin control de veedores internacionales, podría entregar actas falsas o manipuladas para que sean avaladas por la Justicia chavista.
Una supervisión obligaría al autócrata venezolano a entregar documentos verdaderos o que su eventual maniobra resultara deschavada.
Algunos países, entre ellos Brasil, Colombia y varios de los caribeños (que tienen dependencia energética de Venezuela y lazos amigables con China) se resistieron a adoptar este punto y los países impulsores se resistieron a quitarlo o modificarlo. Cuando se pasó al recinto, el destino del documento ya era la muerte y Maduro respiró aliviado.