La relación laboral CGT UnionBat quedó en el centro de la escena en Gualeguaychú: a más de un mes y medio del cierre de la planta de baterías para autos, unos 100 trabajadores despedidos siguen sin cobrar sus indemnizaciones ni los sueldos adeudados.
La CGT Regional Gualeguaychú denunció que la fábrica de baterías para automóviles UnionBat, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad entrerriana, no cumplió con los pagos legales correspondientes pese a que ya transcurrieron más de 45 días desde los despidos masivos.
A la vez, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) intimó formalmente a la firma a cancelar los salarios atrasados y las indemnizaciones. Según el gremio, los plazos legales están vencidos, incluso los fijados en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral.
En ese marco, el prosecretario gremial del sindicato, Martín Gómez, precisó los pasos ya dados por la organización. Y remarcó: “Los tiempos legales ya se cumplieron, ya se envió un telegrama intimando a la empresa que en 48 horas pague la indemnización y los sueldos adeudados”.
Despidos masivos, antigüedad y una ciudad golpeada
A fines de junio, la empresa UnionBat comunicó el cierre definitivo de la planta de Gualeguaychú, lo que implicó el despido de la totalidad del personal. Desde el sindicato subrayaron que muchos de los operarios tenían entre 15 y 25 años de antigüedad en la firma, en una ciudad ya castigada por cesantías en otras empresas del Parque Industrial.
La situación se agravó cuando concluyó el período de conciliación obligatoria sin que la compañía acercara una propuesta concreta. Para los gremios, la empresa dejó vencer la instancia de diálogo sin ofrecer alternativas para sostener los puestos de trabajo ni para garantizar el pago de las indemnizaciones.
Las organizaciones sindicales acusaron a la firma de haber utilizado la conciliación como maniobra dilatoria. Según relataron, recién en la última audiencia la patronal alegó que no contaba con alternativas financieras ni productivas para mantener las fuentes laborales.
Críticas a la Secretaría de Trabajo y cuestionamientos al Estado
Desde la CGT Regional Gualeguaychú responsabilizaron en forma directa a la conducción de UnionBat por negarse a negociar, pero también apuntaron contra la Secretaría de Trabajo de la Nación por su desempeño en el conflicto. Para la central obrera, el organismo laboral tuvo un rol ineficiente y dejó a los trabajadores sin resguardo efectivo.
En particular, la CGT acusó a la Secretaría de sostener una actitud meramente contemplativa. Según denunciaron, “no cumplió con sus funciones básicas de policía de trabajo, ya que no constata las irregularidades ni aplica las multas o sanciones correspondientes a las empresas que incumplen los compromisos”.
La central obrera fue más allá y cuestionó el mecanismo de mediación oficial. En ese sentido, advirtió que la instancia de conciliación terminó convertida en una herramienta burocrática que solo sirvió para hacer perder tiempo a los representantes de los trabajadores y profundizar el desgaste.
Para la CGT, la ausencia de una postura firme por parte de las autoridades laborales tuvo un efecto concreto en el territorio. A su criterio, la falta de controles y sanciones dejó desprotegidos a los operarios y facilitó que se vulneraran las leyes laborales vigentes.
Alerta máxima en Gualeguaychú y reclamo de solidaridad
Frente a la confirmación de los despidos masivos y la falta de pago, la CGT Regional Gualeguaychú se declaró en estado de alerta máxima. La organización exigió el pago inmediato y total de las indemnizaciones dentro de los cuatro días hábiles posteriores al cierre de la conciliación obligatoria.
En la misma línea, los gremios reclamaron la cancelación urgente de los salarios atrasados. Según detallaron, UnionBat adeuda quincenas completas a su personal, lo que agrava la situación económica de las familias afectadas.
Otro punto central del reclamo sindical es la situación de la cobertura médica. Los representantes de los trabajadores denunciaron que la empresa interrumpió los aportes a la obra social y a la cobertura de salud, dejando a las familias sin prestaciones en medio del conflicto.
Ante este escenario, la CGT Regional Gualeguaychú convocó a la solidaridad de los sectores comunitarios, políticos y productivos de la zona para acompañar el reclamo. Y adelantó que continuará con medidas de acción “hasta que cada operario perciba la totalidad de las sumas adeudadas y se garantice el respeto a los derechos laborales golpeados por las actuales políticas económicas”.
En sintonía, el gremio de los Petroquímicos vinculó la crisis con el rumbo económico nacional. Desde el sindicato remarcaron que el modelo vigente privilegia la especulación financiera y la concentración de capital por encima de la industria nacional y del empleo registrado.
Finalmente, desde el SPIQYP advirtieron sobre el impacto social en la ciudad. “Muchas familias perdieron sus empleos en el Parque Industrial, esta situación afecta directamente la actividad económica de Gualeguaychú, en un contexto donde las fábricas pierden margen de maniobra frente al aumento de costos y la recesión del mercado interno”, graficaron.
