En el ojo de la tormenta financiera, la histórica firma Lácteos Verónica acordó la venta de sus dos plantas industriales más importantes en la provincia de Santa Fe por 15,5 millones de dólares, pero la operación quedó sujeta a una estricta autorización judicial en el marco de su concurso de acreedores.
Los establecimientos de Clason y Suardi fueron comprometidos mediante contratos firmados el 2 de julio con las firmas Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S., respectivamente. La compañía atraviesa una situación terminal con un pasivo que supera los $118.496 millones.
La decisión de la empresa controlada por la familia Espiñeira se da en un contexto de colapso productivo. Según los datos del expediente concursal, la firma registra más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones y una deuda bancaria de casi $4.745 millones, con el Banco Galicia posicionado como el principal acreedor.
A este escenario se suma el reclamo de unos 150 productores tamberos, quienes denuncian una deuda de aproximadamente 60 millones de dólares por entregas impagas de leche cruda. Asimismo, el patrimonio neto negativo de $9.262 millones al 30 de junio refleja el rojo financiero que la firma atribuye a la caída del consumo y la falta de financiamiento.
Sospechas y precarización
La operación generó fuertes sospechas en el sector debido a que las sociedades compradoras fueron constituidas apenas días antes de rubricar el acuerdo: Lacterra el 19 de junio y Copalac el 11 de junio. Ambas transferencias quedaron atadas a esquemas de producción a fasón.
De hecho, la planta de Suardi comenzó a operar bajo esa modalidad en un período de prueba, aunque lo hace con apenas entre 12 y 18 operarios de los 85 que integraban el plantel.
Frente a esta maniobra, desde el gremio ATILRA advirtieron sobre la fragilidad del esquema. “Es solo una salida coyuntural y provisoria”, señalaron desde la entidad sindical mientras exigen respuestas urgentes por los meses de sueldos adeudados.
El drama de los trabajadores
El impacto social es crítico en las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, donde el personal no percibe haberes desde diciembre, no cobró el aguinaldo y perdió la cobertura de obra social junto a los aportes previsionales. La plantilla histórica de 700 empleados se redujo a poco más de 300 trabajadores.
La desesperación derivó en protestas, acampes y quemas de gomas en los accesos fabriles. “Estamos cada vez peor: hace seis meses que no cobramos, la empresa sigue inactiva y los dueños totalmente ausentes”, denunció un delegado de la planta de Lehmann.
En ese marco, mientras la Justicia evalúa el traspaso de los activos, crece la tensión gremial ante las acusaciones públicas impulsadas por dirigentes como la diputada Julia Strada, quien advirtió que las maniobras empresarias podrían configurar un vaciamiento deliberado.
