La crisis en IOSFA se transformó en un factor de tensión central dentro de las Fuerzas Armadas, donde los recortes en la obra social chocan de frente con los anuncios políticos del gobierno de Javier Milei.
Mientras la comunidad castrense observa con sorpresa la retórica oficial, la obra social de las Fuerzas Armadas padece los efectos de los ajustes en la prestación de servicios médicos.
El caso más reciente se registró en el norte del país: el Colegio Médico de Tucumán comunicó que desde este lunes “suspende los servicios a la obra social IOSFA. Sus afiliados serán considerados particulares”, lo que implica que miles de beneficiarios deberán pagar consultas y prácticas de su bolsillo.
En paralelo, se acumulan reportes de cirugías suspendidas a afiliados en el Hospital Militar Central y en el Hospital de Campo de Mayo, junto con escasez de medicamentos en varias provincias, lo que agrava el cuadro asistencial.
Una deuda que se disparó y una gestión bajo la lupa
La situación actual tiene un fuerte antecedente en la gestión del exministro de Defensa y hoy diputado nacional Luis Petri, durante la cual la deuda de IOSFA se incrementó de manera exponencial y la prestación a los afiliados se volvió crecientemente deficitaria.
El dirigente mendocino fue incluso denunciado penalmente por el crecimiento de los pasivos de la obra social y por el deterioro de los servicios, en un contexto en que beneficiarios llegaron a marchar a distintas sedes reclamando remedios oncológicos que no se entregaban.
Antes de su disolución como obra social unificada, IOSFA se había consolidado como la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI e IOMA, lo que dimensiona el impacto de su crisis sobre el sistema sanitario.
Cirugías suspendidas, falta de insumos y pacientes en tránsito
Fuentes calificadas que siguen de cerca el funcionamiento de la obra social describen un deterioro acelerado en la atención médica y advierten que la suspensión de prestaciones ya afecta a múltiples regiones del país.
Según esos testimonios, que pidieron permanecer en reserva por temor a represalias, “hay una cantidad muy grande de pacientes a los que se les han suspendido cirugías tanto en el Hospital Militar Central como en el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos”, un dato que genera alarma puertas adentro de la estructura castrense.
Las mismas voces detallan que “hay pacientes en Entre Ríos que no pueden acceder a sus medicamentos para tratamientos oncológicos”, lo que deja a personas con patologías graves sin continuidad terapéutica adecuada.
El cuadro se repite en el nordeste argentino, donde “tenemos pacientes en la provincia del Chaco que se tiene que trasladar o a Misiones o a Entre Ríos para poder atenderse y, cuando llegan allí, se encuentran que IOSFA esa semana está suspendida”, graficaron los denunciantes.
En ese marco, las fuentes describen la situación con una imagen contundente: “Es como una desaparición en cuentagotas”, en referencia al vaciamiento progresivo de prestaciones que enfrentan los afiliados.
Miedo a represalias y silencios forzados
Consultados sobre por qué no realizan reclamos públicos con nombre y apellido, quienes padecen esta realidad admiten que el temor a sanciones internas limita cualquier exposición en medios o redes.
“Después padecemos el hecho de salir a hablar porque se toman represalias dentro de nuestros laburos. Nos sancionan, te suspenden, te pasan días a descuento”, explicaron, marcando un clima de presión que contribuye al silencio de buena parte del personal afectado.
Descontento castrense, salarios bajos y alta morosidad
La crisis en IOSFA se da en simultáneo con una serie de anuncios oficiales que ubican a las Fuerzas Armadas en el centro de la escena política, pero que no logran disipar el malestar por las condiciones materiales de vida del personal militar.
Desde ámbitos castrenses no solo se ponen sobre la mesa los problemas de la obra social, sino que también se subrayan los bajos salarios y la creciente morosidad que golpea a los uniformados.
De acuerdo con información reservada a la que se tuvo acceso, alrededor de un 25% de los militares registra hoy una situación de morosidad, y ese porcentaje se incrementa entre los menores de 35 años, un segmento clave para la proyección de la carrera militar.
Deuda pagada con fondos salariales y pérdida del poder adquisitivo
En abril de este año se produjo otro episodio revelador: mientras el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Carlos Presti, difundía un comunicado celebrando que se había saldado buena parte de la deuda de las Fuerzas Armadas con IOSFA (actualmente OSFA), puertas adentro se tomaban decisiones que impactarían directamente en los bolsillos del personal.
Ese mismo día, durante una reunión entre funcionarios de la cartera y representantes de las distintas fuerzas, se informó que la deuda se pagaría “con recursos presupuestarios del inciso correspondiente a los sueldos”, es decir, con fondos que deberían haberse destinado a mejorar las remuneraciones.
Los problemas se agravaron al punto de que, en junio de este año, se denunció que los retrasos salariales ya superaban el 106% de pérdida adquisitiva, en paralelo a un servicio de salud cada vez más deficitario por suspensiones o eliminación de prestaciones en IOSFA.
