Luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas a raíz de un pasivo que roza los $213 mil millones, el Gobierno nacional ordenó traspasar una serie de hoteles a cada una de las fuerzas castrenses. En medio de las graves fallas asistenciales, se desató una fuerte alarma por la profunda crisis en IOSFA ante el riesgo de que la maniobra termine en una liquidación inmobiliaria.
A través de una resolución oficial firmada el martes 15 de septiembre, el ministro de Defensa, Carlos Presti, autorizó la reasignación de los predios administrados por la entidad hacia las estructuras del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La medida se hará efectiva a partir del 1° de octubre de 2026, momento en el que cada fuerza asumirá la custodia de los complejos.
La disposición responde al plan de intervención liderado por el coronel mayor retirado Ariel Guzmán para sanear el organismo. El pasivo consolidado alcanza los $213.902.225.670, cifra equivalente a unos u$s145 millones, donde más de la mitad de la deuda pertenece a obligaciones de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
El rojo financiero de la entidad, que supo colocarse como la tercera más grande del país detrás de PAMI e IOMA, derivó en una denuncia penal contra la gestión del exministro y actual legislador Luis Petri. En ese marco, en febrero pasado se resolvió dividir la estructura en dos nuevas entidades: OSFA y OSFFESEG, una división que involucra a más de 500.000 beneficiarios.
El impacto en la salud y el reclamo gremial
A pesar de las modificaciones administrativas, el cuadro sanitario es alarmante y se denunciaron suspensiones de cirugías en el Hospital Militar Central y en el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos básicos. En el plano local, “hay pacientes en Entre Ríos que no pueden acceder a sus medicamentos para tratamientos oncológicos”, alertaron.
Frente a este escenario, la conducción de ATE denunció públicamente una maniobra de desguace. A través de un documento, la entidad gremial manifestó una “profunda preocupación” frente al proceso y recordó que la cobertura médica y social integral constituye “una obligación” estipulada por la normativa vigente.
El marco regulatorio exige que el organismo asigne un piso del 80% de sus ingresos directos a las prestaciones médicas, un tope del 8% a gastos operativos y hasta un 12% a coberturas sociales. Por tal motivo, los representantes sindicales exigieron un “acceso solidario y equitativo” a toda la infraestructura asistencial, recreativa y farmacéutica.
La situación de los hoteles y el empleo
El foco de la disputa se concentra en los hoteles El Cóndor y Metropol, ubicados estratégicamente en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Los complejos habían sido comprados oportunamente por el Instituto de Obra Social del Ejército con fondos propios antes de las unificaciones operativas.
“Se debe su traspaso a la órbita de la OSFA”, reclamaron desde ATE al apelar a la normativa que exige la restitución patrimonial de los inmuebles a su jurisdicción de origen. En paralelo, dirigentes sindicales llevaron la advertencia a los despachos del Congreso de la Nación ante legisladores de la oposición.
Para el gremio conducido por Rodolfo Aguiar, las instalaciones “no sólo cumplen una función social”, sino que poseen un valor fundamental para el esparcimiento familiar. Al advertir que unas 580 personas se desempeñan en dichos espacios, remarcaron: “Cualquier acto y/u omisión que genere el vaciamiento y/o afecte el normal funcionamiento de centros médicos propios, farmacias, hoteles, residencias, recreos, etc., constituye un acto lesivo a los derechos e intereses de los afiliados y trabajadores de la OSFA”.
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